Facundo Rosas Rosas, exsecretario de Seguridad Pública de Puebla durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, firmó contratos ilegales por casi 26 millones de dólares a favor “de la trama corrupta de Genaro García Luna”, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez.

Entre las irregularidades que cometió García Luna, y por las cuales está detenido, están tres cargos por tráfico de cocaína, uno por delincuencia organizada y otro por dar declaraciones falsas.

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Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pablo Gómez Álvarez dijo que la mayoría de las triangulaciones económicas se realizaron entre los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Destacó que todos los contratos que tienen relación con la red de lavado de dinero de Genaro García Luna se realizaron cuando se desempeñó como titular de la hoy extinta Policía Federal, mismos que se celebraron “en dólares y con las mismas empresas”.

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En la lista de la erogación atribuible a cada exservidor público, derivado del total de contratos que firmó del 1 de diciembre del 2006 al 30 de noviembre del 2012, se encuentra Facundo Rosas Rosas por un monto de 25 millones 875 mil dólares.

Las otras dos personas que más recursos recibieron fueron Sonia Vargas Terrero, quien estuvo al frente de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura, por 71 millones 600 mil dólares; y Rodrigo Esparza Cristerna, cuando fue comisionado de la Policía Federal por 69 millones 100 mil dólares.

En total, hay ocho exfuncionarios involucrados “en la trama corrupta”, cuyo daño patrimonial fue por 276 millones 571 mil 595 dólares; sin embargo, este monto está considerado dentro de la demanda del presidente para intentar recuperar los 700 millones de dólares de procedencia ilícita que se tienen identificados.

Cabe recordar que Facundo Rosas Rosas, quien la UIF afirma que forma parte de la red de corrupción de García Luna, fue nombrado secretario de Seguridad Pública en el 2013, pero dejó su cargo dos años después, por presuntamente encubrir a mandos policiales y personal de seguridad dedicados a la extracción ilegal de combustible, conocido como huachicol.