Las investigaciones sobre feminicidios realizadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), presentan graves deficiencias por la inacción y negligencia de las autoridades lo que ha llevado a la pérdida de evidencias y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género, afirmó la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de Luz Estrada.

Durante el Foro Contra la Impunidad “Los Impactos de los feminicidios en las víctimas”, la activista manifestó que la insuficiencia de las autoridades obstaculiza el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes, como el de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril e Ingrid Aremis Guevara Aguirre, víctimas de feminicidio en Puebla en 2018 y 2019.

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Expuso que solo en 2022 se registraron 140 muertes violentas de mujeres en Puebla, de las cuales 20 fueron investigadas como feminicidios, cuestión que ha generado que no se examinen todas las líneas de investigación de cada uno de los casos.

Señaló que el impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades.

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“Es preocupante porque no se está investigando como se debe y lo que viven las familias es una ruta de impunidad a la que se tienen que enfrentar. Las autoridades dicen que sí están haciendo su trabajo, pero la realidad es que le dan poca importancia, porque los casos no están siendo investigados y las familias son las que tienen que estar haciendo los dictámenes, exhumaciones y peritajes independientes, un trabajo que le toca a la autoridad”, manifestó.

La activista indicó que en ocasiones la Fiscalía no inspecciona correctamente el lugar de los hechos; no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.

Comentó que las autoridades de Puebla no respondieron qué tipo de atención psicológica reciben las familias de víctimas de feminicidio, a pesar de que la entidad mantiene un alza en la violencia de género.

Dijo que las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de garantizar un trato digno referente a las víctimas de feminicidio, de lo contrario implica una violación a los derechos humanos y a la protección judicial de las familias de las víctimas y al acceso a la justicia.

“Es un estado con alerta de género, necesitamos que realmente hagan las acciones que están obligados por ley para evitar que esta situación se siga reproduciendo y sobre todo que los casos de feminicidio logren la justicia, porque la autoridad está obligada”, expresó la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y afirmó que la FGE es negligente en investigación de feminicidios en Puebla.