“¡Bety Cariño vive!” fue la consigna para exigir justicia en un bloqueo carretero con la que fue recordada Alberta Cariño Trujillo, integrante del Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), asesinada en 2010 en una emboscada de presuntos paramilitares cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a la comunidad autónoma Triqui, en el municipio de San Juan Copala.

En el marco del 13 aniversario del asesinato de Bety Cariño y de Jyri Jaakkola, observador internacional, originario de Finlandia, que la acompañaba en la caravana, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) demandó justicia con un bloqueo en la carretera intermixteca, a la altura de agua dulce, Huajuapan de León, Oaxaca, y unas horas antes, en las instalaciones de la Fiscalía en Oaxaca.

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Con estas protestas, MAIZ acusó al estado mexicano, sus gobiernos y sobre todo sus instituciones, de perpetuar la impunidad, a pesar del reclamo y de las voces que se pronunciaron en este cobarde asesinato.

“Nuevamente hoy recordamos a Bety y Jyri, por su entrega solidaria y fraterna que les costó la vida, su ejemplo es una memoria viva, viven en nuestros pensamientos y en nuestra lucha”.

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Bety, activista que nació en Chila de las Flores, es recordada por su lucha contra los proyectos de muerte y su acompañamiento “a los más olvidados entre los olvidados”.

Caso Bety Cariño y Jyri, a la CI

Omar Esparza, dirigente de la organización MAIZ y viudo de Bety Cariño, asentó en entrevista que “El estado mexicano no tuvo y no tendrá la capacidad para resolver este vil asesinato”.

Esparza asentó que familiares de los activistas, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (GADH), entregaron a la Corte Interamericana la solicitud para que tome el caso que por 13 años ha estado impune.

En 2022 el Tribunal Unitario de la Región de la Mixteca liberó a cuatro miembros del grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), encarcelados por su participación en el asesinato de los defensores de derechos humanos Bety Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola.

Aquel 27 de abril del 2010 tuvo como saldo dos muertos, una veintena de heridos, y personas reportadas como desaparecidos, entre ellos la reportera Erika Ramírez, y David Cilia, de la revista Contralínea, quienes acompañaban a la caravana de ayuda humanitaria.

El juez dejó libres a Daniel Martínez López, Antonio Solano Velásquez, Mauro Vásquez Ramírez y Elías Cruz Merino, aunque fueron acusados de homicidio calificado con ventaja, alevosía y premeditación en la emboscada; además fueron reconocidos por dos mujeres triquis que lograron sobrevivir al brutal ataque.

Con pancartas de Bety Cariño, contingentes poblanos del MAIZ se unieron a la Caravana “El Sur Resiste”, convocada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) para visibilizar la guerra contra las comunidades indígenas, la imposición de los megaproyectos, sobre todo en el sur-sureste donde han muerto y han sido desaparecidos defensoras y defensores.

También acudieron integrantes de Puente Maderas y de Matías Romero, de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo en la Caravana, que denuncia la violencia desatada por el crimen organizado contra las comunidades que están en resistencia y el despojo a manos de las grandes capitales. Fue así que exigieron justicia por Bety Cariño a 13 años de su asesinato.