Integrantes del Colectivo Opción Ciudadana Puebla solicitaron a los integrantes de la Cámara de Diputados realizar un parlamento abierto para analizar y complementar el análisis de la Ley Minera.

Los legisladores también tendrían que repetir el ejercicio con las leyes de Aguas Nacionales; del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

En un comunicado, la agrupación poblana pidió incluir a expertos en materia medioambiental y económica, así como a campesinos, defensores de la tierra y el agua, empresarios mineros y a la ciudadanía en general, en la discusión de los nuevos ordenamientos.

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Destacaron que ante un tema de “vital relevancia nacional” debe existir inclusión de todos los afectados, a fin de que realmente se contrarresten los vicios en las leyes actuales que no se han actualizado en los últimos 30 años.

También pidieron que se estudie a fondo los impactos en las cadenas productivas; distribución equitativa de la riqueza nacional, el fortalecimiento de la economía nacional, y los derechos humanos y de la tierra.

“Deben tomar en cuenta la vital importancia de los principios de estabilidad estratégica, preservación de la biósfera, de la bioética y de la biodiversidad a escala local, regional y nacional consideradas las 3 letras B de la geopolítica de la civilización, planteados por el Doctor Alfredo Jalife-Rahmé Barrios”, se lee en el documento.

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El martes 28 de marzo se publicó en la Gaceta Parlamentaria el proyecto de decreto enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Minera; de Aguas Nacionales; del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.

La Ley Minera de 1992 tuvo como objetivo central “favorecer los intereses de particulares, bajo el supuesto de que se requería de la entrada masiva de capital nacional e internacional en la explotación de los recursos mineros del país”.

Asimismo, la Ley de Aguas Nacionales “estableció la posibilidad de que la iniciativa privada incursionara en el aprovechamiento y distribución de los recursos hídricos de la Nación” e interpretó el carácter del bien hídrico como recurso con valor económico.