Las comisiones unidas de Minería y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron rápido y sin cambio alguno la reforma a la Ley Minera, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que se busca reservar para el Estado la explotación y aprovechamiento del litio.

Con 15 votos a favor de Morena, Partido Verde, PT y Movimiento Ciudadano, así como cinco abstenciones del PAN, PRD y PRI, se acordó que las reservas al proyecto de decreto se discutirán en pleno, por lo que el dictamen fue turnado tras ser aprobado en lo general.

El bloque opositor criticó la premura en la discusión de la minuta, enviada por la Cámara de Diputados, argumentando que es falso que se nacionalice el litio, como asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues este recurso natural ya es del Estado por el hecho de encontrarse en el territorio nacional, como contempla el artículo 27 constitucional.

Senadores se posicionan

Durante su intervención, el empresario minero y senador de Morena, Armando Guadiana reconoció que estos cambios pueden ahuyentar inversiones, por lo que recomendó precisarla para que no haya posibilidad que otra persona considere que resulta estratégico y necesario para la Nación la extracción de cualquier otro mineral.

Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena y líder del sindicato minero, defendió la reforma señalando que defiende la soberanía nacional ante la explotación irracional del sector en el país.

El senador priista Mario Zamora, afirmó que las modificaciones a esta ley sólo tienen fines propagandísticos, pues pretende nacionalizar algo que ya está nacionalizado, por lo que consideró una buena oportunidad para que el Senado demuestre su independencia.

Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, exhortó a Morena y sus aliados a no actuar como oficialía de partes y aseguró que las modificaciones en sus términos presentan visos de inconstitucionalidad.

Por su parte, Damián Zepeda del PAN, se manifestó en contra del dictamen debido a que no comparte la visión de país en materia de aprovechamiento de los recursos naturales que plantea el Gobierno federal, el cual no tiene ni los recursos, ni el conocimiento para poder aprovecharlo.