La asociación formada por Televisa, AT&T y la Canieti (Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información) exigieron la venta de Telmex de manera repartida, pues buscan que sean dos empresas distintas con independencia entre ellas y dueños distintos.

Dicha medida propuesta por el consorcio se trata de una estrategia para que en el mercado de servicios masivos y mayoristas de carácter fijo pueda se pueda plantear una competencia efectiva de operadores, propuesta que quedó asentada en la consulta llamada “Consulta Pública de Integración sobre el impacto en términos de competencia de las medidas impuestas al agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones”.

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De manera separada las tres instituciones acusaron a Telmex por un supuesto acaparamiento del mercado, el cual sería posible a pesar de que existe una política regulatoria que busca disminuir esta monopolización en los segmentos de internet y telefonía fijos, por lo que describieron la medida como insuficiente y deficiente.

Telmex ya estaba ‘advertido’

En este sentido recordaron la sugerencia que brindó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hace casi una década, donde indicó que había posibilidad de ordenar una separación estructural de Telmex en caso de identificar vicios que afecten a la competencia en el mercado de las telecomunicaciones.

Tanto la marca Operbes (de Grupo Televisa), AT&T de México y la Canieti enviaron distintos documentos a la IFT como parte de una consulta pública donde coincidieron en su descripción hacia Telmex al señalarlo como un agente económico preponderante, etiqueta bajo la que ha aprendido a vivir en casi una década.

La consideración mencionada se debe a que, por mandato regulatorio, solo dejan una posibilidad a terceras compañías para que puedan acceder a su infraestructura pasiva y conformar así nuevas ofertas de servicios para consumidores, aunque el acceso es complicado en la práctica.

Acusan a Telmex por ocultar información

De acuerdo con las empresas la actitud de Telmex ha sido egoísta en cuanto a presentar información técnica a pesar de que existen criterios de no discriminación y compartición efectiva de su infraestructura que están ordenados por el propio IFT. Este tipo de acciones, coincidieron las empresas, vulneran la libre competencia del mercado.

Por su parte, el IFT desde 2014 implementó una política regulatoria con el fin de hacer más grande la competencia de las telecomunicaciones; más tarde, en 2018, ordenó una separación funcional debido a los escasos resultados de la regulación asimétrica en su primera versión.

Ante los “escasos” resultados de la política del IFT, las empresas indicaron que la única manera de ver un aumento real en la competencia es que el regulador ordene la separación estructural de Telmex, implicando así vender la empresa Red Nacional Última Milla que se creó en 2020 por mandato del IFT, como parte de la separación funcional.

Cabe mencionar que este mandato significó crear una nueva empresa agarrada del brazo mayorista de Telmex, la cual explotaría la infraestructura pasiva de la telefonía con un nombre y una marca propios, así como con la inclusión de un gobierno corporativo independiente. Sin embargo, el dueño seguía siendo América Móvil.

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Finalmente, el consorcio formado por Televisa, AT&T México y la Canieti indicaron que la separación estructural de Telmex permitirá no solo abrir la puerta a nuevos actores interesados en la operación de esa infraestructura, sino también que el acceso efectivo a insumos genere nuevos productos y servicios al consumidor, incluso cuando esa orden podría demorar algunos años en ejecutarse.