Las víctimas de ciberacoso, hostigamiento y acoso sexual tienen derecho a recibir atención psicológica y legal, especializada y gratuita, del gobierno del estado y de los 217 municipios de Puebla, establece la reforma al primer párrafo y la fracción IV del artículo 16 BIS de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).

El acuerdo señala que el Estado y los municipios, dentro de su competencia, deberán implementar acciones para proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita, a quien sea víctima de hostigamiento y acoso sexual, así como ciberacoso.

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Las víctimas sufren problemas de estrés, humillación, ansiedad, depresión, ira, impotencia, fatiga, enfermedad física y pérdida de confianza, factores que pueden derivar en un suicidio.

Las cifras más recientes del INEGI refieren que 18.9 por ciento de mujeres de 12 años y más vivió ciberacoso en los últimos 12 meses; de éstas, 24.2 por ciento experimentó insinuaciones o propuestas sexuales y 43.2 por ciento fueron contactadas mediante identidades falsas.

Además, Puebla ocupa el segundo lugar nacional con el mayor número de víctimas que desconoce a su agresor, al registrar 66 por ciento; señala que en 62.3 por ciento de los casos fueron hombres los principales ejecutores del ciberacoso.

Habrá atención contra adicciones en jóvenes

También quedó establecido que el gobierno y los municipios deberán establecer políticas públicas para la prevención y atención del consumo de alcohol, tabaco y cualquier sustancia psicoactiva en la juventud.

El decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado señala que fueron reformados los artículos 12, 32 y la fracción IV del artículo 59 de la Ley de Juventud de la entidad para prevenir y atender el consumo de alcohol, tabaco y cualquier sustancia psicoactiva entre los jóvenes.

También se deberá ampliar la cobertura de los servicios de salud primarios gratuitos, la atención y cuidado de la salud física y mental juvenil, así como informar, orientar y prevenir el consumo priorizando a los grupos vulnerables y de riesgo.

Lo anterior entró en vigor a partir del 23 de marzo del presente año, una vez que fue publicado el Decreto en el POE.