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El Ayuntamiento de Tehuacán perdió el juicio en contra de la empresa Recolección de Basura Olimpia, S.A. DE CV y la Sindicatura está a la espera de la sentencia que dará la razón a la firma, la cual demanda el pago de 220 millones de pesos por el adeudo, intereses y gastos jurídicos.

Así lo confirmó la síndico de Tehuacán Paulina Enecoiz Garci Crespo, quien explicó que originalmente el monto que exigía la empresa recolectora de basura ascendía a 50 millones de pesos, por el incumplimiento de pago de la administración que encabezó Ernestina Fernández Méndez (214-2018).

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El Ayuntamiento de Tehuacán perdió el juicio en contra de la empresa Recolección de Basura Olimpia, la cual, demanda el pago de 220mdp por adeudo, intereses y gastos jurídicos, informó la síndico municipal Paulina Enecoiz https://t.co/79i4IjSVZD pic.twitter.com/FO9g0BLuuS

— Periódico e-consulta (@e_consulta) March 22, 2023

Sin embargo, por el tiempo transcurrido, los intereses y los gastos jurídicos, la cifra que la empresa reclama es de 220 millones de pesos y aunque la Sindicatura ha intentado negociar con la firma para que les condonen 92 millones de pesos, la empresa ha rechazado la propuesta.

La abogada del pueblo explicó que la insistencia por negociar una reducción del adeudo es porque dicha cantidad puede dañar las finanzas del municipio.

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Explicó que, si bien desde el inicio de la administración se formuló un plan de trabajo para afrontar el pago del juicio, existe la posibilidad de que el adeudo se herede a la próxima administración, pues se desconoce la fecha en que se dictará sentencia.

Caber recordar que en 2017 se consideró que el contrato era nulo porque el Congreso del Estado no autorizó la concesión y se decidió dejar de pagar, por lo que la empresa demandó el incumplimiento.

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En 2021, tras el recurso de apelación que ganó el municipio, Olimpia decidió ampararse, utilizando como argumento la controversia constitucional 18/2001, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En dicha controversia se señala que las concesiones que otorgue un ayuntamiento son válidos, aunque no cuenten con la autorización del Congreso.