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Congreso de Puebla aprueba castigar con cárcel venta de alcohol ilegal

  • Anaid Piñas
Además de la prisión, las multas ascienden a los 51 mil pesos
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El Congreso de Puebla aprobó por unanimidad que los propietarios de establecimientos irregulares y las autoridades municipales que sean omisas respecto a la venta de alcohol ilegal pasen hasta tres años en la cárcel y paguen una multa superior a los 51 mil pesos.

En sesión ordinaria, con 39 votos a favor, se validó el dictamen de la Comisión Procuración y Administración de Justicia, con la propuesta del coordinador de la bancada de Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, presentada el 1 de diciembre del 2022.

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En su intervención, Alcántara Montiel aseguró que con esta aprobación se daría “un poco de orden” al consumo de alcohol en vía pública que se registra en el estado, mismo que pone en riesgo a la ciudadanía, en especial a los jóvenes.

Recordó el incidente por la supuesta intoxicación etílica que sufrieron los jóvenes que acudieron a una fiesta de Halloween en el Salón Country de San Manuel y “la omisión por parte de las autoridades municipales” para resolver el caso.

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“Después de eso vinieron una serie de hechos que fui señalando puntualmente, como la venta de alcohol en mercados, en tianguis, en unidades habitacionales, en las calles y en las cocheras. Una venta descontrolada de alcohol”, acotó el diputado.

¿Cuáles son los cambios en la ley?

Los diputados aprobaron reformar el primer y segundo párrafos del Artículo 199 Sexies; y adicionar un cuarto párrafo al 199 Sexies del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Los propietarios o titulares de establecimientos en los que se vendan, distribuyan o suministren bebidas alcohólicas sin licencia o permisos pasarán de tres meses a tres años de prisión.

Además, pagarían una multa de 50 a 500 Unidades de Medida de Actualización, es decir, de 5 mil 187 pesos hasta 51 mil 870 pesos.

Luego de que el Congreso de Puebla aprobó castigar con cárcel venta de alcohol ilegal, las mismas sanciones se aplicarán a los servidores públicos que, facultados para regular y hacer cumplir las leyes sobre la venta de alcohol, sean omisas y no exijan el cumplimiento de los ordenamientos o ignoren las denuncias ciudadanas.

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