Con el fin de obtener declaraciones culposas que desembocan en sentencias forzadas, las instituciones públicas de seguridad en México recurren a la tortura física, asegura Melissa Zamora Vieyra, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO Juárez A.C (CentroProDH).

En una charla ofrecida en la Universidad Iberoamericana Puebla, denominada “La Tortura y Violencia de Género en el Sistema de Justicia”, se expuso el caso de Keren Ordoñez, joven originaria de Veracruz actualmente presa en Apizaco por un supuesto delito de secuestro. Es madre de una pequeña a quien no ve desde hace siete años, cuando fue privada de la libertad.

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— Centro Prodh (@CentroProdh) February 28, 2023

En el año 2015, Keren Ordoñez se citó con su pareja y padre de su hija en un domicilio del estado de Veracruz, a fin de acordar la manutención económica de la menor. En ese entonces la joven madre tenía 19 años de edad y hacía poco que había dado a luz.

Al llegar al lugar, Melissa Zamora refiere que la ahora procesada relató que se llevó a cabo un operativo policial perpetrado por autoridades del estado de Tlaxcala, agentes de la Policía Federal y la Ministerial, bajo un supuesto reporte de secuestro. En el punto detuvieron a la joven y arrebataron de sus brazos a la pequeña de apenas unos días de nacida. Los agentes también detuvieron a su entonces pareja, quien al momento era menor de edad y a otro hombre más que se encontraba con él en el domicilio. Según los relatos de la detenida, los agentes y los vehículos no contaban con identificaciones, uniformes, ni siquiera una orden de aprehensión.

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Keren fue separada de su hija al abordar una unidad de los agentes. Alguien la llevaba en brazos en el asiento delantero. Atrás ella recibía una severa golpiza en cabeza y cuerpo, a pesar de que aún presentaba heridas recientes producidas por el parto. Al percatarse de esto, los agentes habrían comenzado a asfixiarla, con el propósito de que se autoinculpara y ser trasladada por el delito de secuestro.

Luego de ser llevada al Ministerio Público de Tlaxcala, Keren y su bebé seguían separadas e incomunicadas tras once horas. Por tener pocos días de haber nacido, la menor aún no contaba con acta de nacimiento, lo que agudizó las amenazas, pues esta situación fue utilizada por los agentes ministeriales para amagarla con desaparecer a la bebé. En un ánimo de protegerla, Keren acepto de manera forzada a firmar una declaración en la que aceptaba haber participado en un secuestro perpetrado supuestamente al interior del domicilio donde se encontraba su pareja y donde se llevó a cabo la detención.

En tanto, la bebé pasó 12 días lejos de su familia, en el Sistema DIF de Tlaxcala, sin que ninguna autoridad haya notificado a la familia de Keren sobre su custodia. La abuela materna emprendió su búsqueda de manera particular hasta dar con su paradero.

En noviembre de 2019, Keren recibió una sentencia de 50 años por un delito que no cometió. En contraste, el papá de su hija recibió una sentencia de sólo cinco años debido a que en ese entonces era menor de edad y fue juzgado en proceso de adolescentes, mismos que ya cumplió y está en libertad.

Sin embargo, en septiembre de 2021 un tribunal colegiado concedió un amparo a Keren al considerar que se habían violentado sus derechos procesales, ordenando reponer el procedimiento, por lo que actualmente el proceso se encuentra abierto.

Dos factores atraviesan por la vida de Keren, una, la situación jurídica por la que por el momento sigue presa en el penal de Apizaco, otra que el padre de la menor sigue sin atender las obligaciones alimentarias económicas de la ahora niña de siete años de edad.

A decir del CentroProDH, el caso de Keren es representativo de una falta de perspectiva de género en la impartición de justicia en el país. De hecho, los abogados públicos que a lo largo de este tiempo han llevado el proceso de su defensa, han incumplido su obligación de brindar una defensa técnica adecuada y sin una clara visión de la perspectiva de género.

CentroProDH ha documentado las principales violaciones a los derechos humanos de Keren y su hija, detención arbitraria, tortura, retención ilegal, privación ilegal de la libertad de su hija, fabricación de pruebas, exposición a medios de comunicación, discriminación y falta de perspectiva de género en su proceso, así como una defensa inadecuada.

Asimismo, el CentroProDH citó el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida contra Mujeres Privadas de la Libertad en México, que refiere que siete de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en las diferentes etapas de sus procesos penales, como son la detención, traslado y puesta a disposición.

Es decir, más del 64 por ciento de las mujeres refirió haber sufrido algún acto de violencia en el momento de su detención y durante su traslado al MP. El diagnóstico revela que, al momento de ser detenidas en presencia de sus hijas e hijos, los agentes estatales emplean a los mismos para coaccionar a las mujeres con el fin de confesar o firmar documentos inculpatorios.

Hasta el año 2018, tras la documentación de 29 casos de mujeres privadas de su libertad, el CentroProDH, advierte que en México se vive un contexto de tortura generalizada y un machismo instaurado en las instituciones públicas, el caso de Keren, quien fue torturada para inculparse en un secuestro y lleva siete años presa es solo uno de ellos.