El plan B de la reforma electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado 47 acciones de inconstitucionalidad y 31 controversias constitucionales, las cuales han sido remitidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)en espera de ser admitidas o rechazadas.

De acuerdo con El Universal, la SCJN ha recibido siete acciones de inconstitucionalidad y 18 controversias, las cuales fueron presentadas por diputados y senadores de partidos de oposición, así como el Instituto Nacional Electoral (INE) y varios municipios, que fueron turnadas para su análisis al ministro Alberto Pérez Dayán, quien determinará si admite, desecha o previene los recursos.

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Entre las acciones de inconstitucionalidad destacan las promovidas por el PAN, PRD, MC, INE, además de diputados y senadores que afirman que las reformas debilitan y violan la autonomía del órgano electoral.

En este sentido, los municipios que promovieron controversias constitucionales corresponden a los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Querétaro, Campeche y Yucatán, que son gobernados por el PAN, PRD, PRI y MC.

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En enero Chihuahua capital fue el primer municipio en presentar ante la SCJN una controversia constitucional contra el denominado plan B de la reforma electoral del ejecutivo federal.

Al respecto, la mayoría de los municipios que presentaron quejas ante la SCJN están en contra del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social del Plan B, que limita el gasto en dicha materia a 0.1% del presupuesto.

El ministro Alberto Pérez Dayán será quien decidirá si admite o desecha las controversias constitucionales interpuestas contra el Plan B de López Obrador, algunas de ellas serán votadas la próxima semana en el Senado.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que el rechazo a las reformas electorales tiene el objetivo de atacar su gobierno para que el antiguo régimen regrese al país.