Ricardo, sentenciado en octubre del año pasado por la comisión de delito por violencia vicaria, debido a la sustracción de un menor y alejarlo de su madre durante seis años, podría ser liberado, ya que este viernes se llevó a cabo el juicio intermedio en el que su defensa solicitó la suspensión condicional del proceso a fin de reparar los daños a su expareja, Andrea Lezama Bonilla, quien ahora teme por su integridad y la de su hijo, a quien no vio durante seis años.

Ricardo fue condenado a prisión en octubre de 2022, en lo que se consideró un hecho histórico, ya que por primera vez se aplicó una sentencia por el delito de violencia vicaria en México y en toda América Latina.

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Sin embargo, Andrea Lezama Bonilla, madre y víctima, vuelve a revivir la sensación de angustia, ya que Fabiola Romero Aguirre, agente del Ministerio Público, insiste en que otorgue el perdón a Ricardo, padre de su hijo y agresor por violencia vicaria, actualmente preso. Además, refiere que las pruebas son incipientes, lo cual la hacen suponer que su agresor podría quedar en libertad.

De suceder, Andrea refiere que la agente Fabiola Romero Aguirre desestima el peligro que el hijo de la víctima pueda correr en el futuro, pues lo pondría en riesgo de volverlo a sustraer de su núcleo familiar, como lo hizo cuando el menor aún no tenía ni los dos años de edad, privándolo de su madre durante seis años.

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Christian Hernández, abogado defensor de Andrea, expresó que en caso de que, tras desahogarse el juicio intermedio, se desestime el delito por violencia vicaria y solo quede imputado el cargo por sustracción de menores, la referida lucha histórica y el esfuerzo proferido para obtener justicia de nada habrán servido.

Asimismo, alega que la agente del Ministerio Público ha inclinado la balanza en favor de la defensa de Ricardo, pues como reparación del daño y a cambio de la libertad provisional apela a la interposición de una cuota económica y en un plan de reparación del daño.

La defensa de Andrea denuncia que no ha recibido ni siquiera la copia del plan de reparación, expedido por la defensa de Ricardo. Sin embargo, la víctima explica que nada podrá resarcir el agravio de sustraer al menor y privarle de su presencia durante los seis años que estuvo lejos de ella.

Recordó que la legislación determinó que la pena máxima para quienes fueran acusados y sentenciados por ejercer violencia vicaria es de 14 años y la pena por la sustracción de menores debe definir condenas de hasta cinco años de prisión.

El peso de la angustia que recae sobre los hombros de Andrea se acumula aún más, pues dijo que hoy se le han retirado las medidas que le otorgaban protección tanto a ella como a su hijo.

Mientras tanto, confía en que el titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, y la Fiscal Especializada en Delitos de Género contra las Mujeres, Raquel Avendaño Fernández, continúen en la labor a su favor para alcanzar justicia, tal y como lo hicieron en su momento para la localización y recuperación de su hijo.

Por ello hizo un llamado a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Margarita Gayosso Ponce, a garantizar la aplicación de la ley y a favorecer a ella y a su hijo el acceso a la justicia.

LOS HECHOS

El 16 junio del año 2016, Ricardo pidió a Andrea Lezama Bonilla su autorización para recoger al hijo de ambos y pasar con él un par de días.

La promesa fue regresarlo a la casa de Andrea el 20 de junio de 2016, es decir cuatro días después. Sin embargo, transcurrieron seis años y la promesa de devolverlo con su madre nunca se cumplió.

Cuando Ricardo se llevó a su hijo, el pequeño estaba por cumplir dos años de edad. Poco después supo que lo había llevado consigo a la ciudad de Los Cabos en Baja California Sur.

Durante todo ese tiempo, Andrea buscó justicia para tener entre sus brazos a su pequeño. La búsqueda de justicia llevó a Andrea a unirse al grupo denominado Colectiva Amorosas Madres contra la Violencia Vicaria.

Cuando por fin volvió a tener a su hijo entre sus brazos, el niño tenía ochos años de edad. Hoy en día, en Andrea vive la sensación de haber dado a luz nuevamente.

En la Casa de Justicia Penal del estado de Puebla, Andrea expresa que nada le devolverá aquellos seis años perdidos. De lo que está convencida es que sancionar la violencia vicaria es la esperanza de miles de madres que luchan por estar nuevamente con sus hijas e hijos sustraídos por sus padres.

En la actualidad, la violencia vicaria es considerada un agravante de la violencia familiar, pues fue el 15 de julio de 2022 cuando el Congreso del Estado de Puebla aprobó su tipificación como delito, el cual se encuentra alojado tanto en los Códigos Penal y Civil del estado de Puebla, como en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

La violencia vicaria es un acto intencional que tiene el propósito de dañar a una persona usando el maltrato, descuido o manipulación de las hijas e hijos, así como el menoscabo o daño del vínculo filial con la víctima.

“Es una manifestación de violencia por parte de quien mantiene o mantuvo una relación afectiva o sentimental de pareja con la víctima por sí o por interpósita, la persona utiliza a las hijas o hijos como instrumento para causarle daño”.