La falta de avances y armonización en materia de responsabilidad patrimonial ha llevado a que de 2017 a la fecha el Congreso del estado de Puebla haya recibido siete amparos por omisión legislativa.

La Ley de Responsabilidad Patrimonial obligaría al Estado a indemnizar a los ciudadanos que enfrenten consecuencias económicas por irregularidades cometidas por el gobierno estatal o los ayuntamientos durante un proceso de impartición de justicia.

Te recomendamos: Aprueba Congreso jubilación de la magistrada María de Lourdes Dib

Los más recientes responsabilizan a la diputada petista Mónica Silva Ruiz por el retraso en la legislación, así como la falta de inclusión de este concepto de reparación de daño en las recientes reformas al Poder Judicial.

En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, los diputados se comprometieron a iniciar con el análisis de la iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado libre y Soberano de Puebla, presentada por Morena el 19 de mayo de 2022.

También darán respuesta al juzgado de distrito que les ordenó terminar con la homologación de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, promulgada el 31 de diciembre de 2004, justificando su falta de trabajo en “la agenda propia de la comisión”.

Te puede interesar: Claudia Rivera crítica seguridad en la ciudad de Puebla

De acuerdo con el área jurídica, el Congreso ha recibido los juicios de amparo 2139/2017, 1207/2019, 2068/2019, 732/2020, 2196/2022, 1391/2022, 143/2023, relacionados con la omisión legislativa por no emitir la ley de Responsabilidad Patrimonial.

Los jueces de distrito han requerido y apercibido a multa a la presidenta de la comisión, Mónica Silva Ruiz; sin embargo, no son vinculantes, ya que la expedición de las leyes es responsabilidad del pleno.

El último amparo es un informe justificado en contra la reforma al Poder Judicial que fue promovido el 2 de febrero por Diego Antonio Pérez Hernández. En él, reclama la falta de inclusión del concepto de responsabilidad patrimonial en el nuevo ordenamiento.

“En el que se acaba de presentar, dice que la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción también nos obligaba a legislar en materia de responsabilidad patrimonial a nivel local, y que no se ha hecho”, comentó el director jurídico, Gilberto Navarro Jiménez.

Además, se acordó que debido a que el plazo de respuesta vence el viernes 17 de febrero, le responderán al juzgado de distrito que ya comenzaron con los trabajos de análisis de las propuestas existentes y que el retraso se debió “a los propios períodos de sesiones y la propia agenda que tiene la Comisión de Gobernación”.

En la sesión el diputado panista Eduardo Alcántara solicitó incluir en la justificación que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las comisiones legislativas no son resolutorias.

Mónica Silva Ruiz resaltó que la mayoría de los amparos sólo los invitan a legislar, por lo que se realizarán mesas de trabajo a partir del viernes 17 de febrero a las 11:00 horas.