Abelardo Cuéllar, exsecretario del Trabajo, dijo en un pronunciamiento público leído en el zócalo del Centro Histórico de Puebla: “mi defensa ha sido sobre la violación a mi presunción de inocencia, se han presentado dos amparos, el primero en junio derivo en expedientes que el 9 de diciembre de 2022 tuvo su audiencia constitucional y esperamos sentencia relacionada con las declaraciones del gobernador Miguel Barbosa Huerta y del secretario de Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla”.

El otro amparo, afirma, fue presentado en septiembre de 2022 contra una orden de aprehensión y “nos encontramos esperando sentencia por los hechos que me imputan relacionados con expedientes de trabajadores despedidos injustificadamente del ICATEP”.

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Cuando se resuelvan ambos recursos legales en trámite “se resolverá el paso a seguir contra aquellas y aquellos que dolosamente construyeron una campaña en mi contra para desprestigiar y dañar mi trayectoria de años (…) mientras esto se da el exhorto es continuar construyendo comunidad en distintos frentes”.

Por su parte, el Consejo Superior del Cooperativismo (Cosucoop) pidió al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, cesar el proceso legal que enfrenta Abelardo Cuéllar Delgado, exsecretario del Trabajo, “tomando como fundamento su presunción de inocencia”.

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La petición, firmada por José Guadalupe Armenta Martínez, presidente del Cosucoop, apela al Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que “los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República”.

El Cosucoop también solicitó una audiencia con el mandatario estatal y los representantes de Abelardo Cuéllar con el fin de darle a conocer los argumentos por los que debe cesarse el proceso legal en contra del exfuncionario.

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En 2022 se liberó una orden de aprehensión en contra de Abelardo Cuéllar tras revelarse que durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta se habían pagado 477 millones de pesos en litigios laborales perdidos, pues la administración estatal enfrentaba 500 demandas por despidos injustificados.

El exsecretario del Trabajo afirmó que comenzó a recibir amenazas y hostigamiento por parte de Barbosa Huerta y una orden de aprehensión, lo cual fue calificado como persecución judicial que tenía como propósito apartarlo de la vida política del estado.