El Congreso de Puebla recibió el oficio de la Subcontraloría del Ayuntamiento de San Pedro Cholula con el que se determinará o descartará el inicio del procedimiento de suspensión y/o revocación de mandato en contra de la regidora plurinominal priista Beatriz Pérez Fragoso.

En sesión del pleno, se dio cuenta del oficio SSRA045/2023 y el anexo con el que sustentan el procedimiento de responsabilidades administrativas contra la funcionaria, sobre el acuerdo que firmaron el 13 de enero, derivado del expediente 10C/07/SPCHCMPRA042022.

Ahora que el Legislativo tiene conocimiento de las sanciones que se le impusieron, entre las que destacan la suspensión temporal del cargo, serán los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales quienes deliberen al respecto.

Te recomendamos: Saúl Huerta es procesado y va a la cárcel por violación de un menor

Horas antes, la Subcontraloría de San Pedro Cholula informó sobre la remisión de los oficios y la solicitud formal para que los legisladores determinen el inicio del procedimiento de suspensión y/o revocación de mandato en contra de Pérez Fragoso.

Los integrantes aseguraron que la decisión de suspenderla se tomó por acuerdo del Órgano Interno de Control, en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa de Servidores Públicos que se instauró y resolvió.

También recordaron que el Congreso puede emprender estas acciones sustentados en los artículos 108, y 109 de la Constitución Política; los artículos 3, 4, 124 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y el artículo 223 TER de la Ley Orgánica Municipal.

El 11 de enero la regidora Beatriz Pérez Fragoso denunció a la alcaldesa de San Pedro Cholula, Paola Angón Silva, y a la contralora Isis Hernández Mancilla, por violencia política de género ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Comentó que la queja es de tipo administrativa y penal, por lo que será remitida al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y se le notificará a la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre el caso.

Señaló que las autoridades municipales han desacatado la resolución federal en la que se les ordenó su restitución y la reposición de los pagos que le fueron suspendidos desde el día de su remoción, el pasado 30 de noviembre de 2022.