A puerta cerrada las comisiones unidas de Gobernación y de Procuración y Administración de Justicia del Congreso en Puebla discuten la reforma judicial del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. 

Aunque el acuerdo fue que hasta el pasado viernes se recibirían las propuestas reformatorias para que el dictamen sea avalado hoy martes 4 de octubre, los legisladores declararon un receso de la sesión para analizar otras observaciones hechas por el diputado de Morena, Iván Herrera Villagómez. 

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La iniciativa de @MBarbosaMX plantea que el Consejo de la Judicatura pueda iniciar procedimientos de remoción a todos los servidores públicos del Poder Judicial estatal. https://t.co/X7rwM1gswf pic.twitter.com/uPurhm5Abw

— Periódico e-consulta (@e_consulta) October 5, 2022

La bancada del PAN propuso que el Consejo de la Judicatura tenga un plazo máximo de 120 días para solicitar a todos los miembros del Poder Judicial del Estado una declaración bajo protesta de decir verdad en la que manifiesten su vínculo con familiares o personas con las que se encuentren ligadas y que presten sus servicios en dicho poder. 

La iniciativa del gobernador plantea que el Consejo de la Judicatura podrá iniciar procedimientos de remoción a todos los servidores públicos del Poder Judicial estatal que se encuentren impedidos para prestar sus servicios en la adscripción que tengan, considerando cualquier vínculo o situación que comprometa o afecte una libre y transparente relación de trabajo, garantizando los derechos de audiencia y presunción de inocencia. 

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Para los panistas esta disposición es subjetiva, pues quedaría al árbitro del jefe inmediato superior señalar si los trabajadores tienen un vínculo que comprometa su trabajo. 

El PAN también propuso que el Consejo de la Judicatura, sin trasgredir derechos laborales adquiridos y solo para el caso de que a partir de la implementación de la reforma se actualice alguno de los supuestos de los procedimientos de remoción, instrumentará las medidas necesarias a fin de iniciar los mismos procesos a todos los funcionarios, que se acredite que están bajo una situación que comprometa su trabajo, es decir, que ya no haya un comité de implementación del decreto, como plantea Barbosa Huerta.