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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa confirmó en su investigación la existencia de un cónclave entre autoridades de distintos niveles para la indagatoria por la desaparición de los 43 normalistas, pero —a diferencia de la Fiscalía General de la República (FGR)— los expertos internacionales no concluyeron que este encuentro se realizó para “urdir” la llamada verdad histórica, sino para intervenir los teléfonos de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.

En su último informe que dieron a conocer el jueves pasado en conferenciay que fue retomado por el diario Milenio, los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explicaron que documentación obtenida durante su indagatoria da cuenta de no una, sino dos reuniones el 7 y 8 de octubre de 2014 en el 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala, Guerrero.

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“Desde este lugar, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, dirigida por Tomás Zerón de Lucio, organizó, con un grupo de múltiples autoridades civiles y militares, mesas de coordinación e inteligencia”, detalla el Informe Ayotzinapa III, elaborado por Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Paz, y Francisco Cox, integrantes del GIEI.

En el capítulo La construcción de la llamada verdad histórica, revelaron que estos encuentros de alto nivel fueron registrados en archivos militares como “Juntas de Autoridades” y en ambos se ordenó “identificación y seguimiento de telefonía de las personas implicadas”.

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“Así, en la reunión del 7 de octubre se acordó: 'En base a la información vertida, el maestro Tomas Cerón (sic) indicó que se procediera de inmediato a establecer una mesa de trabajo entre las procuradurías para las siguientes acciones: una mesa de inteligencia para establecer los teléfonos del personal implicado y hacer seguimiento'”, revela el mensaje denominado por los expertos internacionales como FCA 23714, fechado el mismo 7 de octubre de 2014.