La creación de una Sala Constitucional en Puebla, como lo marca la reforma al Poder Judicial de Barbosa, únicamente representaría retrasar los procesos legales por años y un gasto adicional para pagar a magistrados pues en las entidades en donde funcionan no representan un avance, señaló Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla.

En entrevista, el especialista explicó que en los años noventa y todavía en los primeros años del 2000 comenzaron a funcionar las Salas Constitucionales en las entidades, su objetivo era disminuir el trabajo del Poder Judicial, pero en realidad no se logró.

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Esto no funcionó ya que las personas que no estaban de acuerdo con la determinación de las salas constitucionales terminaban acudiendo a las autoridades federales pues están en su derecho de hacerlo, comentó el académico. 

Al final hay un retraso en los procesos pues mientras no exista una Sala Constitucional los quejosos pueden iniciar un amparo indirecto, pero si existe deben agotar todas las instancias locales antes de llegar a las autoridades federales, indicó. 

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Tener que acudir a una Sala Constitucional puede representar un retraso de al menos un año en conseguir una resolución final, aunque podría atrasarse varios años más según los resultados en otras entidades de la nación, expresó.

Ante esta situación, el experto en el tema recomendó a las autoridades repensar esta propuesta pues en lugar de ser un beneficio podría representar un obstáculo en ofrecer justicia pronta y expedita.

Además de los retrasos, las autoridades también deben analizar si cuentan con los recursos para pagar a los magistrados que estén al frente de la sala, quienes además permanecerán en el cargo por un lapso de 15 años y serán afines al mandatario estatal actual, Luis Miguel Barbosa Huerta.

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En los siguientes días los legisladores analizarán el tema luego de que el mandatario estatal enviara la iniciativa de reforma al Poder Judicial en Puebla al Congreso del Estado.