Las órdenes de aprehensión contra integrantes de la familia Jenkins por un presunto fraude millonario continúan, pues la Fiscalía de Investigación Metropolitana desechó la petición de desistimiento realizada por la Fundación Universidad de las Américas Puebla (FUDLAP).

Por instrucción del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, la Fiscalía General del Estado (FGE) detalló en un comunicado que el 26 de agosto de 2022, la Coordinación General de Gestión Documental Institucional recibió copia de un escrito de Héctor Jesús Ponce Cuate, apoderado legal de la Fundación Universidad de las Américas Puebla, en donde pedía el desistimiento de las órdenes de aprehensión.

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Por presunto fraude millonario aprehendieron a integrantes del patronato de la Fundación Mary Street Jenkins. #UDLAP ​https://t.co/PPwqYXmNPm pic.twitter.com/bRSiWZY2ZJ

— Periódico e-consulta (@e_consulta) September 23, 2022

El escrito señalaba: “tenga a bien desistirse de la acción penal, y una vez realizado lo anterior, solicite al Fiscal General del Estado de Puebla la autorización de dicho desistimiento, para que acuda ante el Juez de Control de la Región Judicial centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, a dejar sin efectos la orden de aprehensión ordenada en fecha 27 de agosto de 2021”.

Tras este procedimiento, la copia del documento fue turnada por el fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, al fiscal de Investigación Metropolitana, a fin de dar el trámite correspondiente.

La FGE detalló que la Coordinadora de Litigación analizó el contenido del escrito y lo consideró improcedente, de modo que no hay un desistimiento y siguen vigentes las órdenes de aprehensión contra la familia Jenkins.

Barbosa acusa manipulación de información

En la mañana Barbosa Huerta descartó que el fiscal general haya instruido el retiro de las órdenes de aprehensión contra la familia Jenkins, y afirmó que siguen el trámite, por lo que acusó al vocero de la Fundación Mary Street Jenkins, Enrique Rodríguez Aranda, de entregar información errónea a los medios de comunicación sobre la situación actual del litigio.

“Yo he hablado con el fiscal hace un rato y le pregunté directamente si él le había ordenado a un fiscal especializado el desistimiento de las órdenes de aprehensión y no es cierto, alguien se dirigió a la fiscalía con ese propósito y el fiscal lo que hace es enviar al fiscal que conoce los asuntos para que dé curso a ese tema, en caso de ser procedente, hasta ahí”, señaló en su conferencia de prensa.

El mandatario estatal declaró que la familia Jenkins tiene una estrategia de plantar dudas sobre el proceso legal, por lo que advirtió que los dichos del vocero de la Fundación Jenkins podrían constituir responsabilidades penales, pues pasó de plantar dudas a hablar de una situación falsa.

La fundación responde

Antes de la emisión del comunicado de la FGE, el abogado de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Carlos Robledo Carretero, explicó que la defensa de la familia Jenkins pidió el desistimiento de las órdenes de aprehensión, pero todavía no existía una respuesta.

En entrevista explicó que la petición fue después de que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada Puebla, órgano del gobierno estatal, desconoció al “nuevo” patronato liderado por Horacio Magaña Martínez, al cual primero respaldó para controlar la Fundación UDLAP, que está a cargo de la Universidad de las Américas Puebla.

Robledo Carretero detalló que antes de que el patronato “espurio” invadiera la universidad de forma armada (junio de 2021), presentaron un juicio de amparo para invalidar la sesión del 28 de abril de la junta, en donde se desconoció al patronato original y se nombró al nuevo.

Añadió que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió la suspensión, por eso la junta sesionó el pasado 3 de agosto y desconoció el patronato que había elegido para sustituir el original.

Al invalidarse el “nuevo” patronato, la defensa de la familia Jenkins decidió pedir a la FGE cancelar las órdenes de aprehensión, pues fue el patronato “espurio” quien pidió el inicio de carpetas de investigación por un presunto fraude, luego de realizar supuesta una auditoría.