El informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) del Caso Ayotzinapa reveló que en la “verdad histórica” participaron distintos funcionarios federales, así como gobernadores, militares y mandos de los tres niveles de gobierno.

Además del ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam; el informe de la Covaj implica a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México; José Miguel Espinoza Pérez, delegado en Guerrero del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Al comisario Nacional de Seguridad, Manelich Castilla; el comandante de la Zona Militar de Chilpancingo, Alejandro Saavedra, y el policía federal Ministerial Carlos Arrieta; al entonces subprocurador de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Rodrigo Archundia; así como al encargado del despacho Hugo Ruiz.

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Otros de los implicados son el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón, quien se encuentra en Israel.

El reporte señala como enlaces operativos para desarrollar la investigación a funcionarios de otras dependencias federales como el almirante Marco Antonio Ortega, secretario de Marina; al titular de la Unidad de Inteligencia Naval, almirante Eduardo Redondeo Arámburo.

El 27 de enero de 2015 Murillo Karam sostuvo en una conferencia de prensa que los 43 normalistas fueron llevados al basurero de Cocula por un acuerdo entre miembros del crimen organizado y policías municipales de Iguala, donde fueron incinerados y sus cenizas esparcidas en el Río San Juan.

Tras la descripción, sostuvo que esa era “la verdad histórica de los hechos”, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, versión en la cual se definía que no había una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército.

Sin embargo, se determinó que la desaparición forzada de los estudiantes fue un crimen de Estado, en el cual concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.

Esta narrativa diseñada en el gobierno de Enrique Peña Nieto forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia para evitar una investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos.