Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, del municipio de Teteles de Ávila Castillo, planean ampararse luego de que las autoridades escolares expulsaron a tres de sus compañeras, en aparente represalia por las protestas contra el gobierno estatal.

Diana Esmeralda Rojas Ruperto, Josselin Castillo Cruz y María Daniela Felipe Martínez fueron notificadas sobre su expulsión el martes, por lo que ahora están a la espera de que pasen 10 días hábiles para saber si la medida es ratificada por la Dirección de Formación Docente.

De confirmarse su expulsión, en entrevista anunciaron que interpondrán un amparo en contra de la Secretaría de Educación de Puebla, pues lo consideraron una represalia por parte del gobierno estatal de Luis Miguel Barbosa Huerta.

Denunciaron que el gobierno busca terminar con el movimiento estudiantil de la normal, que solo ha exigido transparencia en el gasto de recursos de la institución y ha solicitado mejoras en las instalaciones para beneficio de toda la comunidad.

Las normalistas sancionadas han realizado varias protestas, las más recientes el 1 de junio de 2021 y 4 de junio de 2022 en Casa Aguayo, pero la primera dio como resultado la detención de 41 normalistas.

Las aprehensiones incluso derivaron en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FLAGRANCIA-I/009260/2021, que inició la Fiscalía General del Estado (FGE) porque las estudiantes fueron acusadas de resistencia de particulares.

Unos días antes de las tres expulsiones, las normalistas realizaron una protesta frente a la FGE, en donde advirtieron que denunciarán penalmente a Antonio García Ordoñez, director general de la institución; Leticia Martínez Barrientos, subdirectora académica, así como a Emilio Guerrero Becerra, subdirector administrativo, por abuso de autoridad, incumplimiento de deber, intimidación, lesiones y violencia contra las mujeres.

En esa manifestación recordaron que en sus diferentes protestas solo han solicitado al gobierno la entrega del kit escolar, la remodelación del comedor y dormitorios, la liberación de la Partida Recreativa Educativa, el pago al proveedor de uniformes escolares, el cumplimiento de la entrega de un autobús para la institución y la recuperación de una camioneta que usaban para trasladarse.