La iniciativa para considerar como delitos la difamación y la calumnia en el Código Penal de Puebla es un intento de coartar la libertad de expresión, consideraron organizaciones de periodistas.

A través de un comunicado, la Red de Periodistas de Puebla, Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas y ARTICLE 19, se pronunciaron contra la propuesta de reforma que presentó el diputado del PAN, Rafael Micalco Méndez el pasado 6 de junio ante el Congreso de Puebla.

La consideran "un atentado a la libertad de expresión" https://t.co/EBFgngRWIY pic.twitter.com/C5DdiaDduX

— Periódico e-consulta (@e_consulta) July 1, 2022

Los periodistas expresaron que, de aprobarse esta reforma, se podría sancionar penalmente a periodistas por la difusión de información y opiniones de terceros, que supongan daños por referir “hechos falsos”, sin que se precise de manera suficiente el alcance de este término.

“Es decir, el tipo penal vulnera el principio de taxatividad en materia penal, al sancionar conductas amplias que abarcan el ejercicio de libertades constitucionales, particularmente en el ejercicio de la libertad de prensa”, señala el comunicado.

La iniciativa de @rafamicalco para incorporar los delitos de difamación y calumnia al Código penal de #Puebla, atenta contra la libertad de expresión. Acá nuestro pronunciamiento conjunto con @article19mex , @PropuestaCivica, @RSF_esp y @CPJAmericas.https://t.co/Bnkp9m99kd

— Red Periodistas Pue (@Periodistas_Pue) July 1, 2022

Las organizaciones destacaron que la libertad de prensa se vería limitada al no respetarse los lineamientos del Sistema Interamericano que reiteran que aquellos conflictos entre la libertad de expresión y la protección a la honra deben ser atendidos como querellas de materia civil.

La iniciativa de Rafael Micalco busca reformar el Código Penal en los artículos 362 al 369 para regresar las modalidades de daño a la moral y castigar con seis meses a cuatro años de prisión a quien cometa ese delito. La sanción económica sería de 100 a 200 UMAS, que equivalen a 9 mil 622 pesos y hasta 19 mil 244 pesos.

Los comunicadores señalan que el artículo 364 prevé una hipótesis de exclusión pero también es restrictiva ya que solo se refiere a la voluntad de la persona afectada o su obligación legal de haber realizado la conducta supuestamente difamatoria, por lo que exigieron al Congreso de Puebla analizar la iniciativa y considerar los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

Por su parte, diputados de Morena y el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina se pronunciaron  contra  la iniciativa planteada por el diputado del PAN.