Luis Gerardo Moro, máxima autoridad de la Compañía de Jesús en México, denunció que el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua no fue un hecho aislado, pues desde meses antes las religiosas de la misma orden ya habían sido amenazadas por el crimen organizado.

El Provinicial señaló que los religiosos de dicha orden católica, los cuales están ya establecidos o acuden a comunidades apartadas en la sierra Tarahumara son víctimas del acoso y amenazas de grupos delincuenciales que controlan la zona.

Detalló que esto se debe a que las religiosas tratan de impedir que los niños sean reclutados por el crimen organizado, pues en dichas comunidades existen dos proyectos: el educativo, realizado por ellos y el del narcotráfico, que necesita mano de obra para cosechar marihuana.

Los colegios jesuitas se encuentran en lo más profundo de la sierra, en zonas donde la autoridad del gobierno es nula y dominan los grupos delictivos, por lo que muchos de ellos terminan cerrando ante las amenazas.

Asimismo, señaló que, al llegar muchas jóvenes de diferentes estados a colaborar y hacer voluntariado, las religiosas son amenazadas de ser violadas y asesinadas, por lo que prefieren cerrar antes que exponerlas.

Sin embargo, pese al clima de violencia, la Compañía de Jesús descartó irse de la región y señaló que seguirán trabajando por las personas, descartando tener miedo por las amenazas y acusó que el abandono de los gobiernos ha propiciado que la situación de violencia e inseguridad prevalezca.

AMLO denuncia acuerdo entre autoridades y “El Chueco”

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la situación de Juan N., “El Chueco”, presunto asesino de los sacerdotes jesuitas, señalando que para que viviera en libertad, tenía que tener un acuerdo con las autoridades de Chihuahua.

El mandatario pidió una explicación a fondo de la situación a las autoridades locales pues, pese a que tenía una orden de aprehensión desde 2018, se movía libremente, patrocinaba un equipo de béisbol y todos sabían a qué se dedicaba, pero nadie lo tocaba, por lo que supuso que había un acuerdo con autoridades.

Explicó que, en ocasiones, los acuerdos entre autoridades estatales y delincuentes se originan de las campañas políticas, situación que, advirtió, afectó a varias entidades en donde se creó una red de complicidades.