El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, Eduardo Alcántara Montiel presentó ante el Congreso del estado una iniciativa para aumentar las penas por ataques tumultuarios y linchamientos en el estado.

La iniciativa propone reformar la fracción II del artículo 319 y las fracciones II, III y IV del artículo 320; adicionar el inciso e) a la fracción III del Artículo 23 y la fracción V al artículo 320, del Código Penal, y pretende castigar a las autoridades que sean omisas para detener los linchamientos.

El congresista argumentó que en el artículo 17 de la Carta Magna se establece la prohibición de que nadie pueda hacerse justicia por su propia mano, sin embargo, esto no detiene los intentos de linchamiento pues en Puebla desde 2017 se contabilizaron, entre tentativa y consumación, 115 linchamientos. En 2018 la cifra subió a 205 y en 2019 aumentó a 218.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre las causas más frecuentes que motivan a los pobladores a realizar estos actos está la percepción de impunidad y desconfianza en las autoridades.

Aunque la CNDH emitió el pasado 29 de mayo 2019 un protocolo para que las autoridades atiendan estos intentos de ataque tumultuarios, no ha resultado eficiente.

El caso más reciente fue registrado el pasado 12 de junio de 2022, en la comunidad de Papatlazolco, en Huauchinango

En la reforma del artículo 23 al Código Penal se pretende tipificar la omisión de las autoridades como un delito de negligencia, por no respetar el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos en el estado.

También se propone imponer “de ocho a doce años de prisión a todos los que hubieren atacado al occiso con armas a propósito para causarle esas lesiones”, dice la iniciativa.

En caso de que se determine la omisión de la autoridad más próxima al lugar del delito, se le impondrá al responsable de la corporación una pena de 5 a 10 años de prisión.