El diputado local de Morena, Sergio Salomón Céspedes Peregrina cuestionó la resolución de la SCJN y las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por considerar la inconstitucionalidad de iniciativas aprobadas en el Congreso de Puebla en favor de grupos vulnerables.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma con la que se creó el Instituto Poblano de Puebla Indígenas (IPPI), pues no se consultó previamente a las comunidades indígenas del estado.

Bajo el mismo argumento, la CNDH promovió otro juicio contra el Congreso de Puebla, por considerar que violentó los derechos humanos de las personas con discapacidad, al reformar indebidamente la Ley de la Defensoría Pública local pues tampoco consultaron a este grupo vulnerable sobre sus necesidades.

El presidente de la Junta de Gobierno y Política (Jugocopo) de la LXI Legislatura, argumentó que es incongruente que el beneficio de los grupos vulnerables sea una acción de inconstitucionalidad.

“Habrá que tener claridad de que si cada vez que se reforme la ley en tema de indígenas con una sola consulta basta”, expuso.

La iniciativa que los diputados deberán revisar fue presentada por el mandatario local, Miguel Barbosa Huerta para crear el IPPI, en la LX Legislatura pasada.

La nueva legislatura también cometió un error por aprobar una modificación en la Ley de la Defensoría Pública local para permitir que las personas con alguna discapacidad tengan un intérprete para resolver sus juicios.

El presidente del Congreso aseguró que la CNDH tiene una interpretación especial ya que estas iniciativas implican un beneficio para los grupos vulnerables por lo que no entiende qué parte no se apega al marco constitucional.

Argumentó que el Congreso no tiene el presupuesto suficiente para hacer consultas cada vez que se realice una modificación a la Constitución local en materia de grupos vulnerables.

“En el análisis real, si es algo que beneficia, ¿por qué genera una inconstitucionalidad? Si es algo que ya en el acto le da un beneficio”, cuestionó.

En tanto, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia acusó que el Congreso de Puebla debe de ser cuidadoso y destinar los recursos necesarios para atender correctamente a estos grupos.

“La falta de presupuesto es un asunto de voluntad. Si quieren tomar en cuenta y darle la importancia que merecen las personas con discapacidad y los grupos vulnerables pues, se deben destinar recursos”, expuso.

Para la congresista del PAN, el Congreso debe aprobar iniciativas y asignar un presupuesto que permita cumplir con las acciones legislativas según lo requieran para acatarse y surtan efecto para los grupos vulnerables.

Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Estefan Chidiac reconoció que no hay el presupuesto necesario, pero a pesar de eso deben buscar la manera de acatar la resolución de la Corte que permita una constitucionalidad y establecer medidas a favor de todos los ciudadanos.

“Efectivamente, no hay presupuesto, pero hay que acatar la resolución de la Corte y debe haber algo que permita cumplir la sentencia”, aclaró.

Foto eleconomista.com,mx