El estado de Puebla contará con un fondo de 20 millones 754 mil 992 pesos para la búsqueda de personas desaparecidas por lo que resta del año 2022, pero el 90 por ciento de recursos los aportará el gobierno federal.

A través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Federación asignó a la entidad 18 millones 868 mil 175 pesos, a cambio de que el gobierno estatal aporte el 10 por ciento de este monto, de acuerdo con el convenio publicado en el Periódico Oficial de Estado (POE).

Es así que el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta estará obligado a aportar 1 millón 886 mil 817 pesos al fondo de búsqueda.

Por el gobierno estatal firmaron el convenio Ana Lucía Hill Mayoral, secretaria de Gobernación del estado; María Teresa Castro Corro, secretaria de Planeación y Finanzas del estado, y María del Carmen Carabarin Trujillo, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado.

La SEGOB federal entregará los recursos a la entidad a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), y serán fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

No obstante, en el convenio se advirtió que la transferencia de los recursos está sujeta a la disponibilidad de estos, y la calendarización del gasto será dispuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las autoridades estatales se comprometieron a realizar informes trimestrales sobre el uso de recursos económicos y si se contrata alguna obra.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señala que en Puebla 2 mil 642 personas no han sido encontradas desde el 15 de marzo de 1964 y hasta el 25 de abril de 2022.

A nivel local el colectivo La Voz de los Desaparecidos ha denunciado en varias ocasiones incompetencia y omisiones de María del Carmen Carabarin Trujillo, titular de la Comisión de Búsqueda del Estado, pues ha señalado que en redes sociales solo se retoma lo que hacen los colectivos o la Fiscalía General del Estado (FGE) y, cuando se hacen las búsquedas en campo, no avisa con tiempo suficiente a familiares de víctimas para que participen.

En el último semestre del año pasado, el colectivo también denunció que en la Ley en Materia de Desaparición de Personas propuesta por el gobernador Luis Miguel Barbosa no había claridad sobre los recursos que se destinarían a la búsqueda de personas.