Hace casi tres años, el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ (IIMA), de la Universidad Iberoamericana de Puebla, desarrolló la trilogía documental Seguridad hídrica en la cuenca del Alto Atoyac. Tres investigadoras que participaron en cada eje celebraron un cine-foro virtual para evaluar los avances, retrocesos y estancamientos en la búsqueda de rescatar un acuífero catalogado por Semarnat como “infierno ambiental”.

Salud pública

El proceso de saneamiento del río Atoyac comenzó hace más de 30 años y no ha presentado avances significativos. Las principales adversidades tienen que ver con la escasa información sobre el estado del acuífero y los altos costos de infraestructura. Expertos aseguran que no existe tecnología suficiente para gestionar todas las sustancias presentes en el río: mercurio, cromo, cadmio y zinc, entre muchas otras.

Estas sustancias se filtran y llegan a los pozos de agua potable, lo que deriva en múltiples enfermedades. Para la Dra. María Eugenia Ibarrarán Viniegra, el proceso de tratamiento debe iniciar en los propios emisores: hoteles, industrias, municipios y hogares. “Más que pensar cómo limpiamos el río tenemos que pensar en no ensuciarlo”.

Puebla ocupa el octavo lugar en acarreo de agua. La académica del IIMA destacó que la gestión del agua desplaza a las comunidades al concentrar los esfuerzos en la capital y las áreas aledañas. “En la zona metropolitana [de Puebla] hay alrededor de 100,000 personas que deben acarrear agua diariamente. No podemos imaginar lo que pasa en zonas rurales”.

Además del acceso al agua potable, el estado presenta grandes problemáticas de drenaje y saneamiento. Las necesidades sanitarias para contener la COVID pusieron en evidencia estas carencias en cobertura de agua. Por ello, Ibarrarán Viniegra consideró fundamental que las autoridades definan qué tipo de seguridad hídrica van a emplear para definir metas concretas a corto y mediano plazo.

Impacto ambiental

La cuenca del río Atoyac cuenta con una superficie total de 4,011 km² y recorre 70 municipios de Puebla y Tlaxcala. El agua de consumo de toda la zona se extrae de los pozos, lo que supone una extracción de hasta el 90% del agua subterránea. Sin embargo, el abatimiento del acuífero provoca que las aguas profundas comiencen a invadir el acuífero superior, lo que contamina toda el agua potable a niveles desbordantes.

La Conagua establece que un acuífero será considerado ‘fuertemente contaminado’ si presenta más de 200 mg/L de DQO (demanda química de oxígeno). Barranca Honda, el punto más contaminado del río Atoyac, presenta más de 1000 mg/L de DQO. En el Alseseca se han ubicado hasta cuatro puntos con más de 1800 mg/L de DQO, principalmente producto de la actividad industrial.

Se han detectado más de 50 contaminantes químicos cancerígenos para el ser humano a los que los pobladores de la zona están expuestos por inhalación, ingesta y vía dérmica. “La lista debe ser mayor considerando la gama de industrias que se han establecido a orillas del río: plásticos, textiles, metalmecánicas, agroquímicas, de alimentos…”, comentó la Dra. Gabriela Pérez Castresana.

A tres años de los videos testimoniales, las acciones de saneamiento y recolección de aguas residuales han sido insuficientes; tampoco se han llevado a cabo estrategias para frenar la emisión de contaminantes. “Para garantizar la seguridad hídrica es necesario invertir en investigación. No se tiene información precisa con respecto a la cantidad y calidad del agua del acuífero ni su evolución en el tiempo”, sumó la investigadora del IIMA.

Costos sociales

La falta de seguridad hídrica convierte a la cuenca y sus municipios circundantes en un campo de batalla. Lugares como Huejotzingo, San Martín Texmelucan y la propia capital poblana son espacios de alta tensión entre las poblaciones, los gobiernos y las industrias emisoras de aguas negras.

Un recurso que originalmente marcaba las dinámicas sociales y culturales de las comunidades se convirtió en un afluente mortal. El 71% de la población vecina del Atoyac tiene cinco veces más daño genotóxico que un habitante de la Ciudad de México. Además, los expertos reportan ambigüedades en la distribución de funciones a nivel gubernamental, lo que entorpece la aplicación de políticas públicas cabales.

Transferencia de recursos, impacto en la población de procesos de contaminación, privatización de los bienes naturales y escasa incorporación de organizaciones locales en políticas públicas son algunos detonantes de las disputas. Movimientos como la coordinadora Por un Atoyac con vida han denunciado estas situaciones sin obtener respuestas satisfactorias.

Para la Dra. Valentina Campos Cabral, la problemática requiere de un abordaje multidisciplinar que traduzca las evidencias del estado de la cuenca en acciones transformadoras. “No solo es un problema técnico, sino social y de índole político”. La directora del IIMA reconoció que únicamente con la participación activa de los actores sociales podrán conseguirse cambios significativos.