César Manuel González Hernández viajó a Puebla para convertirse en abogado. Al poco tiempo, se sintió desencantado y desertó. Sus padres no lo tomaron bien, pues suponía dejar al aire su futuro. Luego de probarse como soldador y cuidador en un establo, encontró su vocación en la enseñanza. “Quiero ser normalista”, aseguró el muchacho.

A regañadientes, Mario González e Hilda Hernández apoyaron que su hijo abandonara su natal Tlaxcala para inscribirse en la Escuela Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. “Nunca imaginé que a mi hijo me lo fueran a desaparecer”, recordó su madre, doña Hilda, en una jornada conmemorativa en la IBERO Puebla. “Tú crees que todo va bien en el país, y no es cierto. Es una reverenda mentira”.

Es por eso que la Universidad Jesuita instaló 43 sillas en su patio central, les colocó el retrato de cada joven desaparecido en Iguala, evocó el nombre de Manuel y de sus compañeros y gritó “¡presentación con vida!”. Porque cuando arrecia la crisis de desapariciones en el país, los casos paradigmáticos encienden luces y conciencias para que la barbarie no se vuelva cotidiana.

Para Mario Patrón, rector de la IBERO Puebla, el mensaje de Ayotzinapa es que las instituciones del Estado no solo no fueron suficientes para garantizar la justicia, sino que fueron utilizadas para construir una mentira oficial. “Se trata de una tragedia que develó el México de la macrocriminalidad, donde la institucionalidad del Estado trabaja para los intereses del crimen organizado”.

La persistencia de las familias y las asociaciones civiles permitió la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que advirtió irregularidades en la denominada ‘verdad histórica’ promovida por la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, la retórica viró hacia el esclarecimiento definitivo de los hechos. Sin embargo, la dilación institucional persiste hasta la actualidad.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), recuperó que el tercer informe del GIEI constata que agentes federales intervinieron en el montaje de pruebas para lo que se convertiría en la versión oficial del siniestro: un genocidio en Cocula. “Estamos en un contexto en el que las desapariciones no son un asunto del viejo régimen: ocurren todos los días”.

La confirmación de una realidad ampliamente conocida y sufrida en México convierte el informe en una postal siniestra de la realidad nacional. Conformado en 2016, el GIEI se enfrentó a múltiples opacidades para finalmente dar con la evidencia de que los cuerpos militares sabían que los jóvenes serían entregados al crimen organizado.

Así lo expuso Francisco Cox, integrante del Grupo Interdisciplinario: “Sabían cada uno de los movimientos. Tanto era así que habían infiltrado militares a la escuela para tener esta información […] Esta mentira que se reiteraba de puestos de poder termina jugando en contra con el pleno esclarecimiento”.

La Marina entregó un video en el que se observa la llegada Cocula de dos camionetas sin seguir ningún protocolo de investigación criminalística. Además, la vegetación no presenta ningún rastro de la presunta quema de cuerpos.

México se encuentra frente a la necesidad de renovar el papel de las fuerzas armadas en la vida pública. En palabras de Alan García, integrante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH): “La responsabilidad del Estado se acrecienta cuando esa acción ilícita coloca al propio gobierno en garante de los derechos de los estudiantes”.

El Informe del GIEI aporta una perspectiva completa y actualizada sobre lo que el Estado mexicano debe llevar a cabo para dar respuestas coherentes a las más de 99,000 personas desaparecidas en México. “Ninguna de las luchas de ninguna de las familias debe quedar inacabada”, insistió.

Legado de Ayotzinapa

Noble, alegre, amiguero; se daba a querer. Hilda recuerda a su hijo como un joven sin malicia, lejos de cualquier situación que pudiera ponerlo en peligro. “¿Cómo los van a ayudar [las autoridades] si ellas fueron los que se los llevaron?”. De pie y con un corazón estampado en el pecho, la madre en búsqueda sentenció: “Continuaremos. Seguiremos. Nada nos parará […] No dejen de apoyarnos”.

El GIEI ha apreciado que la administración obradorista muestra mayor disposición para el esclarecimiento tanto de la desaparición como de la intervención de actores públicos; son las instancias particulares las que se resisten al escrutinio. En los próximos meses, el organismo se enfocará en descubrir qué ocurrió en realidad en septiembre de 2014 para sentar un precedente en el Estado de derecho en México.

Previo al pase de lista de los normalistas, Santiago Aguirre deseó que el alumnado de la IBERO Puebla no se acostumbre a las violencias sistemáticas, sino que se convierta en agente de cambio que haga frente a las injusticias. “Mientras al país se le sigan desangrando las juventudes por la violencia, ningún futuro es posible”.

Por su parte, Leilani Hernández, estudiante de Derecho y becaria en el Centro Prodh, señaló que la reflexión sobre Ayotzinapa desde la experiencia universitaria tiene un sentimiento particular: el de saber que, en México, los jóvenes pueden desaparecer de un momento a otro a manos de quienes deben protegerlos.