Un total de 172 quejas por la violación a las normas que regulan la consulta de revocación de mandato, recibió el Instituto Nacional Electoral (INE), de noviembre de 2021 a la fecha.

El presidente Lorenzo Córdova dijo que se han abierto 25 procedimientos por el uso indebido de recursos públicos y adelantó que el INE no sólo entregará al Tribunal Electoral el resultado de la consulta del domingo, sino un informe detallado de las condiciones en las que se realizó el proceso y las irregularidades.

“La Sala Superior tomará las decisiones correspondientes, y ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos, que de manera sistemática, reiterada, dolosa, abierta y descaradamente están violando la ley, no traiga como consecuencia, eventualmente, que se decida anular este proceso”, indicó.

En conferencia de prensa, el consejero Uuc-kib Espadas consideró que se esperaba un mínimo de autocontención del poder, para no pasar por encima de la ley, pero no fue así.

“Hemos aceptado las condiciones que desde el poder se han impuesto, pese al sabotaje del que somos objeto todos los días. ¿Que algunas de esas casillas van a quedar más lejos? Sí, eso es el resultado directo del sabotaje”, dijo.

Jaime Rivera advirtió a los morenistas que no retan al INE sino a la Constitución y a las leyes, modificaciones que ellos mismos aprobaron.

“Lo preocupante es que estas conductas infractoras son cada vez más abiertas, reiteradas y desafiantes. El INE está haciendo lo que le corresponde, y de estas conductas fuera de la ley están quedando muchas evidencias a la vista de todos, y tendrá que haber consecuencias”, indicó.

De las 172 quejas presentadas por partidos de oposición y ciudadanos, cinco han sido contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuatro contra la Consejería y el vocero presidencial, tres contra la jefa de gobierno de la CDMX, 29 contra gobernadores, 61 contra senadores, y el resto contra otros servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, en su mayoría de Morena.

Los consejeros coincidieron en que es el proceso más violentado de la historia, pese a que el presidente no tiene un contrincante.

“Se trata de un proceso político intervenido por el gobierno, con esta alteración de las reglas, con esta intervención indebida, y se está fracturando desde el poder el consenso democrático que está plasmado en la Constitución. El gobierno pretende que la Carta Magna sea papel mojado”, añadió Ciro Murayama, según una información del periódico Reforma.