El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el periodo de 10 años que debían esperar los funcionarios públicos para ingresar a trabajar en empresas privadas que supervisaron o regularon.

Por unanimidad, los ministros avalaron el proyecto de la ministra Norma Piña Hernández, señalando que afecta la libertad de trabajo y porque el plazo que establece es excesivo, por lo que anularon el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

La ministra ponente detalló que la finalidad de la norma es evitar conflictos de interés, eliminar actos de corrupción y proteger el servicio público y la eficacia del Estado, eliminando los incentivos que podrían inclinar a los servidores públicos a desviar su poder para beneficiar empresas privadas.

Por ello no consideró que haya alguna razón que justifique la duración del período prohibido de diez años que corresponda con las razones expuestas.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, expuso que esta norma no es necesaria, ya que establece un plazo demasiado largo en comparación a otras medidas que buscan regular las mismas acciones, asimismo no puede aplicarse de la misma manera para todos los altos cargos ya que manejan información diferente.

El ministro Luis María Aguilar argumentó que esta norma podría generar incertidumbre, ya que va en contra del período de un año establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La Ley de Austeridad Republicana fue publicada en noviembre de 2019 como uno de los ejes rectores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cual buscaba generar ahorros en el gasto público.