Hace cinco años que Minerva Calderón fue asesinada en su hogar por un hombre que la pretendía y al que siempre rechazó. Este es tan sólo uno de los casos que demuestran la impunidad y la falta de trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE), señalaron familiares de la joven.

Este 24 de marzo, su madre, Minerva Hernández; su padre, Marco Calderón y su hermano Othoniel Calderón, se presentaron en la IBERO Puebla para demandar justicia a las autoridades poblanas, pero también para presenciar el inicio de actividades de la clínica jurídica que lleva el nombre de la joven asesinada.

Los familiares de la joven recordaron cómo la noche del 21 de marzo de 2017 les llamaron por teléfono a su casa en Durango para avisarles que Minerva había sido asesinada, pero que el culpable fue identificado totalmente y que era cuestión de horas su detención.

La aprehensión nunca ocurrió. El responsable tiene familiares con vínculos en la FGE que impidieron en su momento la aplicación de la justicia y las actuales autoridades tampoco hacen nada, no reportan ningún avance en la investigación.

Ante esta situación hicieron un llamado a las autoridades para que hagan justicia para el caso de su hija, pues el asesino está libre y podría atacar a alguien más.

En su intervención, Simón Alejandro Hernández León, coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón, explicó que el objetivo de esta nueva área es ayudar a promover la justicia a través de los estudiantes de Derecho y de otras carreras que puedan colaborar.

A su vez, el rector de la IBERO Puebla, Mario Ernesto Patrón Sánchez, dijo que la clínica también será un espacio en donde los estudiantes puedan reflexionar de qué lado quieren estar, si en el de la impunidad y la corrupción o en el de la justicia.

Añadió que actualmente el derecho está alejado de la justicia, de ahí la necesidad de reflexionar sobre este tema, pues si bien la impunidad es multifactorial, los operadores del derecho también están involucrados.

Consideró que fenómenos como las 90 mil desapariciones; las 309 mil muertes por el crimen organizado y los 240 mil desplazados son, en parte, resultado de la corrupción.