“Pudimos afrontar el costo de esta pandemia con inversión pública de miles de millones de pesos”, presumió en diciembre el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, sin comentar que su gobierno oculta a quién entregó 1 mil 86 millones de pesos en contratos, mediante tecnicismos legales que remiten a contratos ilocalizables o impiden conocer los proveedores.

El mandatario morenista despidió en 2021 el segundo año de la pandemia, felicitando al titular de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla (SSEP), José Antonio Martínez García, sin embargo, los proveedores más grandes se escondieron argumentando auditorías; los portales de transparencia de las dependencias gubernamentales remiten a contratos que no son públicos y se hicieron compras sin licitar por ser montos pequeños.

El único intento de la actual administración en rendición de cuentas es el portal de internet transparenciacovid19.puebla.gob.mx, en el que informan que el año pasado 38 instituciones públicas destinaron 1 mil 86 millones de pesos para combatir la pandemia, sin mayores referencias de quién recibió el dinero.

No obstante, ese monto no coincide con los 1 mil 32 millones de pesos invertidos en la pandemia que reportó la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), María Teresa Castro Corro, en su comparecencia ante el Congreso del estado el pasado 27 de enero.

Ante la falta de información pública, e-consulta presentó 35 solicitudes de acceso a la información pública a casi todas las dependencias que reportaron gastos por covid-19 en el portal de transparencia del gobierno de Puebla, pero en sus respuestas ninguna incluyó facturas, evidencias de las compras o las versiones públicas de los contratos, sino que pidieron buscarlos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pero la mayoría no facilitó el número de la compra o el nombre de los proveedores seleccionados.

En las respuestas a las solicitudes de información solo se transparentó a los proveedores beneficiados con 11.8 millones de pesos, y se reveló que fue reservada por 5 años la información de a quiénes se pagó los otros 1 mil 74.1 millones de pesos, a pesar de que por ley deberían publicarse en la PNT las versiones públicas de los contratos.

También se encontró que 12 dependencias compraron sin licitar, porque sus montos fueron “pequeños”, aunque sumaron 1.1 millones de pesos.

La desinformación de las compras por covid-19 no fue exclusiva del año pasado, pues este medio publicó “El gran negocio del Covid-19 en Puebla y sus beneficiarios ocultos”,  donde se exhibió que en 2020 el gobierno de Puebla tampoco facilitó los datos sobre las adquisiciones, algunas unidades de transparencia no laboraron por un año justificándose en el riesgo de contagios en sus oficinas; y aquellos contratos públicos revelaron que casi todas las compras fueron por adjudicaciones directas e invitaciones a cuando menos tres personas.

Ocultan a ganadores millonarios

Una técnica que aplicó la administración de Barbosa Huerta para ocultar a los grandes beneficiarios con las compras de la pandemia, fue que supuestamente cada año la Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal inició auditorías que impiden revelar detalles.

Estas revisiones fueron para las Secretarías de Salud, Seguridad Pública (SSP), Carreteras de Cuota de Puebla (CCP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep), precisamente los que más gustaron en 2021.

La inversión más alta la requirió el sector salud, pues la SSEP destinó el año pasado 779.3 millones de pesos en equipo y medicinas, mientras que el Issstep gastó 211.2 millones de pesos, pero ambas instituciones respondieron de manera similar: “se encuentran bajo revisión de adquisiciones de bienes y servicios derivados de la contingencia sanitaria por el coronavirus SAR-Cov-2 (Covid-19)”, lo cual imposibilita saber a quiénes les pagaron los 990.5 millones de pesos.

La misma justificación la aplicó CCP, al responder que las revisiones incluso obligaron a reservar la información por un periodo de 5 años, lo que es posterior al gobierno de Barbosa Huerta. En 2021 este Organismo Público Descentralizado (OPD) destinó más de 13.3 millones de pesos en compras, convirtiéndose en la cuarta institución con el gasto más grande.

Igual se aplicó la justificación en la SSP, por lo que después de la administración actual revelará a quiénes entregó 497 mil 199 pesos en la contratación de servicios de limpieza, manejo de desechos, así como sanitización de oficinas.

Pagan contratos ilocalizables

En sus respuestas vía transparencia 19 de las dependencias compradoras confirmaron que lanzaron contrataciones en 2021, pero la mayoría no dio información sobre cómo localizar los 1 mil 79.9 millones de pesos gastados, al limitarse a orientar a la PNT.

Tras verificar los resultados de compras, se halló el destino de solo 11.8 millones de pesos pagados por adjudicaciones directas e invitaciones a cuando menos tres personas, elegidas por los contratantes.

Destaca que, de las 19 dependencias que orientaron a revisar la información en la PNT, solo en seis coincidieron sus gastos, tanto en la PNT como en el portal de transparencia covid-19: Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla; Instituto Estatal de Educación para Adultos; las Secretarías de Trabajo, Administración y de la Función Pública.

De las que no coincidieron con lo publicado en la PNT, resalta la Secretaría de Educación, que reportó un gasto de 61.4 millones de pesos, pero su Unidad de Transparencia pidió revisar la PNT para conocer a los proveedores. Los resultados solo revelaron un contrato por 2.9 millones de pesos para servicios de sanitización, por lo que se desconoce a quiénes se entregaron los otros 58.4 millones de pesos.

Otro caso es la Secretaría de Gobernación (Segob), porque en el portal de compras covid-19 reportó inversiones por 10.4 millones de pesos, pero su Unidad de Transparencia dijo que en 2021 lanzó cinco contrataciones que podían revisarse en la PNT, pero al consultarlas sumaron apenas 3.2 millones de pesos, así que no aclaró el destino de los otros 7.2 millones de pesos.

Un caso en el que ocurrió lo contrario fue la Agencia de Energía, que reportó en el portal de compras de covid-19 inversiones por más de 195 mil 359 en sanitización y para adquirir artículos para prevenir contagios entre su personal, pero como orientó vía transparencia a consultar la PNT para saber de sus proveedores, la información fue distinta, al contar con dos contratos que coinciden con su descripción, pero que suman 75 mil 359 pesos.

Gastan 1.1 mdp sin licitar

Aunado a la falta de información de compras y proveedores, el gobierno barbosista también aplicó un criterio para no licitar: el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en el que se establece que no deberá hacerse contrataciones que excedan los montos máximos del presupuesto de egresos, que en 2021 se determinó en menos de 40 mil 197.42 pesos, al ser el mínimo para ser adjudicado.

Bajo este criterio de la ley, se escudó la mayoría de las 12 dependencias que realizaron compras menores que no requirieron lanzarlas a concursos, pero en conjunto sumaron más de 1.1 millones de pesos.

Un caso es la Secretaría de Desarrollo Rural, que realizó pequeñas contrataciones por más de 260 mil 320 pesos, aunque su Unidad de Transparencia no explicó las razones.

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De los otros casos donde se aprovecharon las compras menores, resalta el Sistema Estatal de Telecomunicaciones (SET), que gastó en 2021 más de 213 mil 662 pesos; seguido por la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana (CAPPC) con 185 mil 994; mientras que el cuarto lugar con gastos pequeños acumulados fue el OPD Ciudad Modelo, con 152 mil 719 pesos.