La principal acusación de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el exdiputado federal panista Eukid Castañón Herrera, podría echarse abajo luego de que un amparo exhibió que la jueza de Control, Magally Escamilla Rodríguez, lo vinculó a proceso sin acreditar su posible responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cargo que da lugar a los otros tres que mantienen en prisión al expanista.

A las 09:05 horas de este miércoles 16 de marzo se realizará la audiencia relativa al amparo que interpuso y ganó la defensa del principal operador morenovallista, con el cual busca tirar el proceso en su contra.

¿Qué pasará?nque se eche abajo la vinculación a proceso, Eukid no abandonará el Cefereso, pues cuenta con otras 3 indagatorias por falsedad de declaraciones, extorsión y enriquecim

Aquí más informa/aZdf6N2ZRw pic.twitter.com/nlXqonGgcs

— Periódico e-consulta (@e_consulta) March 16, 2022

No obstante, aunque se eche abajo la vinculación a proceso, el acusado no abandonará el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 14, ubicado en Gómez Palacio, Durango, pues cuenta con otras tres indagatorias por los delitos de: falsedad de declaraciones, extorsión y enriquecimiento ilícito.

El amparo que pone a prueba a la FGE

En el amparo en revisión 74/2021, la autoridad federal advirtió que, en la audiencia del 8 de junio de 2021, la Juez de Control de la Región Judicial Centro de la ciudad de Puebla, dictó auto de vinculación a proceso a pesar de que al Agente del Ministerio Público de la FGE no pudo establecer “la correlación del relato de un cúmulo de pruebas y la conducta que se le atribuye al imputado”.

En la resolución del amparo se exhibe que, desde la formulación de imputación del delito, la fiscalía “omitió precisar la conducta específicamente atribuida al indiciado, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución de los hechos materia de imputación”, pero a pesar de esto, la jueza Magally Escamilla Rodríguez lo sujetó a una investigación.

“La autoridad responsable no advirtió que en la formulación de la imputación no se identificaron en su totalidad los requisitos exigibles de lugar, modo, tiempo y circunstancias de ejecución de la conducta atribuida, así como los elementos estructurales del hecho para poder afirmar, de manera, presuntiva, que el mismo encaja en la descripción legal del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, se lee en el fallo.

Como datos de prueba, la FGE presentó contratos que no especifican concretamente las operaciones realizadas y tampoco detalló porqué se deben considerar ilícitas: “aunque se citen fechas, entre quiénes se celebró, montos, etcétera (...) no se deduce la ilicitud de los recursos y la manera en que se aplicaron estos, por lo que solo el hecho de mencionarlos impide tenerlos como verdaderos datos de prueba”.

Fue así como la defensa legal de Eukid Castañón, que encabeza Fidel Martínez Lezama, logró la suspensión por cuanto hace al recurso de queja, pero la FGE solicitó una nueva audiencia para reponer esta etapa del proceso, que se llevará a cabo este miércoles.

En ella se definirá, si él es secretario de la Contraloría del estado en el gobierno de Rafael Moreno Valle queda absuelto de este delito, uno de los cuatro que la fiscalía de Puebla le atribuye, o si nuevamente se dicta auto de vinculación en su contra.

La audiencia puede ser presidida, o no, por Magally Escamilla Rodríguez, pero el Agente del Ministerio Público deberá subsanar sus errores de la audiencia anterior.

Los cargos contra Eukid

Eukid Castañón Herrera fue detenido el 18 de marzo de 2020, mediante una orden de aprehensión que un Juez de Control giró en su contra por el delito de extorsión en agravio de dos particulares. 

Al día siguiente la fiscalía logró su vinculación a proceso y, si bien el delito no amerita prisión preventiva oficiosa, fue enviado al penal de San Miguel bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

No obstante, el Código Penal Federal señala que las penas por extorsión aumentan cuando es cometido por un servidor público o ex servidor público, o por miembro o ex miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

En septiembre de ese mismo año, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó una denuncia en su contra por no rendir su declaración patrimonial cuando se desempeñó en dos cargos públicos en el gabinete.

Posteriormente, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción inició un proceso en su contra por falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad.

Nuevamente consiguió vincularlo a proceso y mantenerlo en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, bajo la prisión preventiva necesaria o justificada.

Los bienes y cuentas bancarias de Eukid fueron “inmovilizados” hasta que la FGE lo acusó de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.

Estos delitos ya se consideran graves y, de acuerdo con al artículo 19 Constitucional, el juez ordenará prisión preventiva oficiosa en caso de corrupción “tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones”.