Por la supuesta negativa de información, regidores morenistas del ayuntamiento de Puebla promovieron un juicio para la protección de los derechos políticos electorales en contra del secretario de Administración y Tecnologías, Bernardo Arrubarrena García. 

La queja se presentó y fue admitida el 11 de marzo en el expediente SCM-JDC-97/2022, en la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y fue promovida por Leobardo Rodríguez Juárez, Ana Laura Martínez Escobar y “otros”. 

El recurso quedó a cargo del magistrado José Luis Ceballos Daza para su análisis, y en los agravios se acusa que Arrubarrena García se negó a entregar información y documentación que necesitaban para realizar sus funciones. 

“Promueven -saltando la instancia previa- juicio para la protección de los derechos político-electorales de las personas ciudadana contra el secretario de Administración y Tecnologías de la Información del referido ayuntamiento, por la supuesta negativa y omisión de proporcionarles información y documentación que requirieron en ejercicio de sus funciones”, dice el extracto. 

Tras la admisión la Sala Regional del TEPJF solicitará al secretario de Administración y Tecnologías un informe circunstanciado para iniciar con el estudio del agravio. 

De acuerdo con los estrados del tribunal, el informe del ayuntamiento deberá enviarse a través del correo cumplimientos.salacm@te.gob.mx, precisando que tiene relación con este juicio.

En entrevista, Rodríguez Juárez denunció que la negativa de información ha sido sistemática, pues Arrubarrena García ha evitado informar sobre licitaciones, compras y contratos que realiza el ayuntamiento de Puebla. 

“Hemos solicitado diversa información sobre temas del desarrollo diario de la administración municipal, tales como las bases de licitación, compras, contratos y de manera reiterada hemos recibido una negativa, argumentando que los regidores no tenemos facultades para solicitar esa información, que evidentemente es un error”, declaró. 

Además, sostuvo que esta misma práctica la ha tenido la propia Contraría, la Tesorería Municipal y la Secretaría de Gobernación Municipal. 

Revelque en primera instancia presentaron su inconformidad ante la Contraloría Municipal, pero esta determinó que no había lugar para abrir una investigación o sancionar al funcionario. 

Por ello recurrieron al TEPJF, argumentando que todos los regidores tienen las mismas facultades de solicitar información.