Con un operativo en el penal de San Miguel el gobierno de Puebla confirmó lo que hace unos días negó el propio gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta: que personas privadas de su libertad gozaban de privilegios, como uso de celulares con acceso a internet, dinero en efectivo y chips para hacer llamadas telefónicas desde sus celdas.

La madrugada de este miércoles se ejecutó una revisión en el Centro de Reinserción Social (Cereso) y se decomisaron más de mil celulares, siete repetidores de señal wifi, cargadores de teléfonos, baterías y hasta una contadora de billetes, de acuerdo con un comunicado de la propia Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En conferencia de prensa Barbosa Huerta admitió que dentro del penal existía un lugar donde se guardaba todo esto y había grupos que controlaban el negocio de renta y venta de celulares, utilizados muchas veces para delinquir desde la reclusión.

El operativo se ejecutó luego de que el sábado murieron dos reos presuntamente intoxicados por ingerir bebidas alcohólicas que ellos mismos prepararon, sin embargo, la revisión también coincide con la resolución de un juez federal que ordenó hace unos días a autoridades penitenciarias poner fin a estos privilegios.

Estos escándalos en el penal de San Miguel se suman al caso del bebé Tadeo; al hallazgo de cuerpos en inmediaciones Cereso; el consumo de drogas (que incluso ha sido filmado y difundido en redes sociales); la prostitución y los casos de extorsión que han sido denunciados penalmente.

El operativo

De acuerdo con la SSP, la mañana de este miércoles, agentes de la Policía Estatal inspeccionaron el penal y decomisaron:

-1 mil 50 teléfonos celulares

- 83 chips

- siete repetidores de wifi

- una contadora de billetes

- 13 pilas para celulares

- 20 memorias USB

- dos bolsas con carcasas de celular

- cinco bolsas con cables para cargadores

- audífonos inalámbricos y

- una bolsa con baterías portátiles

La dependencia detalló que los dispositivos asegurados serán examinados por expertos para tratar de obtener información relevante.

Mafias en el penal

Tras el operativo, Barbosa Huerta admitió que existen grupos que pretenden controlar el centro penitenciario y tenían el negocio de la renta y venta de teléfonos celulares.

 “Grupos de personas privadas de la libertad querían tener el control del reclusorio y una de las formas es que eran dueños de los celulares. Los celulares los rentaban adentro y todos los días entregaban uno y en la tarde lo recogían. Esa es la forma de comunicarse, otros los tenían de forma permanente”, reconoció en conferencia de prensa.

No hay privilegios, dijo Barbosa

El 4 de enero Barbosa Huerta sostuvo que a todas las personas privadas de la libertad se les respetaban sus derechos humanos, pero a ninguna se le concedían privilegios. 

“Si hubo en otro tiempo, en este gobierno no hay; quienes están privados de su libertad están en el reclusorio a disposición de un juez; se respetan sus derechos humanos. Si alguien conoce un caso de estos, que lo denuncie. Este gobierno no concede privilegios bajo ninguna circunstancia”, declaró.

Días después, este medio publicó audios y videos que demostraron lo contrario. Los reclusos de las cárceles de Puebla tenían acceso a televisores, equipos de sonido, mesas de billar, teléfonos celulares, alohol, drogas y hasta prostitución.

Testimonios desde el interior de San Miguel señalaron que los internos pagaban desde 50 hasta 200 mil pesos por los diferentes privilegios, entre los cuales incluso estaba el poder elegir la celda o módulos de su preferencia, todo con total beneplácito de los directivos.

Ante las evidencias y tras el escándalo del bebé Tadeo, el 19 de enero Barbosa Huerta reconoció que muchos reos planean y cometen delitos desde las cárceles y que los directivos son corrompidos.

La orden del Juez Federal

El operativo de este miércoles coincide con la resolución emitida por Julio César Márquez Roldán, Juez Segundo en Materia Penal, quien ordenó a la directora de San Miguel, María del Rayo Mendoza Farfán, implementar al menos dos revisiones externas por mes en el lugar y pertenencias de José Ruperto Hernández Pérez, sentenciado a 60 años de cárcel por secuestro y delincuencia organizada.

En julio de 2021 Hernández Pérez extorsionó y amenazó de muerte a un exrecluso. Desde ese entonces, se ordenó revisar la estancia 21 dormitorio F, donde fue localizado un teléfono celular marca Huawei color negro, propiedad del acusado.

El Juez Federal pidió entregar dicho dispositivo al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, para examinarlo. También solicitó que la estancia o el dormitorio de José Ruperto sea “más y efectivamente controlado sobre el tipo de objetos que posee, así como de las llamadas telefónicas que realiza”.

Este mandamiento judicial se giró con copia al recién nombrado subsecretario de Centros Penitenciarios Jorge Pérez Melchor, para que en su calidad de superior jerárquico vigile el cumplimiento del fallo.