Entre los problemas a los que se enfrentan los familiares en el proceso de búsqueda de un ser querido están la revictimización, obstáculos para interponer la denuncia, personal no capacitado, investigaciones simuladas, así como la indolencia de las autoridades, las cuales impiden el avance de las investigaciones.

Lo anterior se desprende del informe sobre la “Situación de la desaparición de personas en Puebla”, realizado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ. de la Universidad Iberoamericana Puebla, en el que se detalla que de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) en la entidad continúan desaparecidas 2 mil 882 personas, y es el lugar 13 a nivel nacional.

También se señala que del total de los casos que hay en la entidad poblana por desaparición, el 53.66 por ciento corresponde a mujeres y el 46.27 por ciento es de hombres.

Respecto a la edad, la Ibero indicó que el RNPDNO muestra que, en Puebla, casi la mitad de las personas desaparecidas, el 49.13 por ciento, tenían 19 años o menos al momento de la desaparición,  mientras que a nivel nacional, la desaparición de menores de 19 años representa 40 por ciento del total.

Problemas que enfrentan los familiares de personas desaparecidas

En el documento se apunta que las familias de personas desaparecidas experimentan enojo, frustración e impotencia ante los entramados burocráticos que no cumplen con sus funciones durante la búsqueda de su ser querido.

También se indica que hay actuaciones lentas y tardías, donde se van engrosando las carpetas o los registros y mientras viven la emergencia de localizar a su ser querido, las instituciones crean estructuras, procedimientos y ventanillas de atención sin dar resultados.

El Instituto apunta que los familiares también pasan por la dilación y por un conjunto de pretextos por parte de las personas responsables de la atención a la ciudadanía en las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla por no recibir directamente las denuncias sobre desaparición, pues uno de los argumentos por parte de las autoridades es la espera de 72 horas.

Asimismo se han encontrado obstáculos para poner la denuncia por el cierre de oficinas o la falta de personal trabajando presencialmente ante las restricciones impuestas por la pandemia por covid-19, además de que también hay rotación de personal al interior de la Fiscalía, que se traduce en retrasos en la investigación.

También indican que existe una “investigación simulada” por parte de la FGE, además de que las y los familiares pasan por la revictimización, pues las autoridades menosprecian la desaparición de los hombres argumentando que “se fueron por borrachos”, y en el caso de las mujeres se menosprecia y revictimiza con el argumento de que “se fue con el novio”.

La Ibero expuso que la Comisión de Búsqueda no actúa hasta que las y los familiares den información exacta y precisa sobre dónde requieren apoyo para la búsqueda.

“En algunos casos, tanto la Fiscalía Especializada como la Comisión de Búsqueda, les exige a las familias que sean ellos quienes, de manera general, realicen tareas de investigación y de búsqueda, pero en otras ocasiones se les solicita a los familiares realizar diligencias bastante específicas relacionadas con la investigación. En otras ocasiones dan largas (dilación), se hace como que se trabaja (simulación) engrosando las carpetas de investigación, esperando que las familias se resignen, dejen de buscar, o al menos, dejen de ejercer presión y estén insistentemente presionando por resultados”, expone el documento.

El informe apunta que la dilación, simulación, sustitución, burocratización del dolor y la revictimización son reflejo de que el deber de investigar por parte de agentes estatales no se asume con seriedad, lo cual, representa el incumplimiento de la obligación de garantizar los derechos humanos.