En el caso del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en 2009, donde murieron 49 niños, hubo una “operación de estado” del gobierno de Felipe Calderón para evitar que la familia de su esposa, Margarita Zavala, resultara afectada, aseguró el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

El ministro señaló que recibió presiones del gobierno calderonista sobre su proyecto, que finalmente no salió adelante y en el que se concluía que “debido al desorden generalizado en el sistema de guarderías públicas subrogadas, diversos funcionarios de alto nivel eran responsables por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas”.

La guardería operaba bajo el mecanismo de subrogación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y estaba a cargo de una sociedad constituida por Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del entonces presidente Calderón, además de Gildardo Francisco Urquides y Sandra Luca Téllez Nieves.

“Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del Presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad moral para decirlo, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento”, dijo durante la presentación de su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”, dijo Zaldívar.

El presidente de la Corte aseguró por este caso se le quitó a la Corte la facultad de investigar la violación de derechos humanos.

Aseguró que los padres de los niños fallecidos le contaron que el gobierno de Calderón “no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alharaca con este tema”.

Además, le narraron que los directivos del IMSS habían alterado sus expedientes médicos, “para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado”.

Recordó que le avisó al entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, que presentaría su proyecto, con el que se reunió en su oficina y terminó a gritos: “Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más hasta que terminamos a gritos”.

“En un momento me dice el Secretario: ‘dice el Presidente que no te apoyamos para esto’ y le dije ‘dile al Presidente que postuló un Ministro, no designó un Secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños’. Y ahí terminó la plática”, reseñó.

Ese mismo día firmó dos ejemplares del proyecto y pidió a su personal que los guardaran bajo llave y que si a las 8:30 de la mañana del día siguiente él no llegaba a la Corte “lo sacaran a la prensa” y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. “Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte”, comentó según na información publicada por el portal Aristegui Noticias.