Por no cobrar multas a empresas que entregaron obras fuera del tiempo establecido; impermeabilizar dos veces los mismos centros de salud con recursos federales; hacer pagos en exceso a trabajadores de salud y no comprobar obras realizadas, el gobierno de Puebla encabezado por Luis Miguel Barbosa Huerta generó un daño patrimonial por 407 millones 795 mil 405 pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la auditoría 2020-A-21000-19-1136-2021 se detalla que hubo un probable daño patrimonial por un monto de 12 millones 491 mil 118.78 pesos, ya que el gobierno estatal no cobró penalizaciones correspondientes a empresas que entregaron obras fuera del tiempo establecido.

La @ASF_Mexico detectó un daño patrimonial de más de 407 mdp en #Puebla, pero el gobernador @MBarbosaMX rechazó anomalías y aseguró que ejerció los recursos con “honestidad”.

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— Periódico e-consulta (@e_consulta) February 22, 2022

Los contratos fueron tres, identificados como OP/LPE014/SA/SI20200213, OP/LPE050/SA/SI-20200370, y TEZ/OP-FAFEF/2020/001 y fueron pagados con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Una de las obras que no se entregaron a tiempo fue la rehabilitación carretera de Zapotitlán, entrada de San Marcos, perteneciente al municipio de Ahuacatlán, que tuvo un retraso de 153 días.

También la rehabilitación del Auditorio de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán), con 129 días de retraso, así como la pavimentación de calles y alumbrado público del Arco Oriente, entre la calle Emiliano Zapata y calle Ixticpan, en Teziutlán, con 198 días de retraso.

En el documento emitido por la ASF no se detalla cuáles fueron las autoridades responsables de estos tres contratos, pero de manera generalizada, de un bloque de 62 obras, se hace referencia a la Secretaría de Infraestructura y al Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).

Opacidad en gasto de recursos

En la auditoría de cumplimiento 2020-A-21000-19-1132-2021 se advierte otro probable daño patrimonial por 249 millones 144 mil 949 pesos debido a la falta comprobación del gasto de las Participaciones Federales.

Esto corresponde a diversos contratos realizados por la Secretaría de Planeación y Finanzas identificados como CONVMARCOANEXEJEC/20, DABS/GESAD-008/SPF/018/2020 y DABS/GESAL054/SPF/078/2019, así como de la Secretaría de Turismo identificados como ST-DA/DGPT-CT055/2020 y ST-DA/DGPT-CT-036/2020.

También los llevados a cabo por la Secretaria de Bienestar, DABS/GESAL-62/SB/107/2019; el de la Secretaría de Seguridad Pública, SFA-DGA-AD002/2019 y los celebrados por la Universidad Tecnológica de Puebla, identificados como 002/UTP/CERHAN/2020 y 011/UTP/CERHAN/2020.

Pablos duplicados y excesivos

En la auditoría 2020-A-21000-19-1134-2021 se alerta de un probable daño patrimonial de 4 millones 853 mil 78 pesos porque se hicieron pagos en exceso en las categorías de M01006, Médico General "A" y M02036, auxiliar de enfermería "A", y no se hicieron los contratos para cumplir con el Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.

Con estas irregularidades, se incumplió el pacto firmado entre el Instituto de Salud para el Bienestar y el Estado de Puebla, identificado con el número CTR-U013-2020-V.2-PUE-21.

En la misma auditoría se presume un probable daño patrimonial de 2 millones 320 mil 622 pesos, debido a que la Secretaría de Salud de Puebla pagó servicios de impermeabilización, con recursos de dos fondos federales distintos, para los mismos centros de salud en un período de seis meses.

Se trata del Centro de Salud de Coyolapa y el Centro de Servicios Ampliados de Amozoc, a los que primero se les destinó un monto de 428 mil pesos y 1 millón 892 mil 600 pesos, respectivamente.

Menos de medio año después las autoridades gastaron en el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Amozoc 479 mil 700 pesos y en el Centro de Salud de Coyolapa 239 mil 700 pesos nuevamente para impermeabilizar.

Rechaza Barbosa anomalías

En su conferencia matutina, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta negó que se hayan cometido irregularidades en el uso de los recursos públicos y aseguró que serían solventadas todas las observaciones en un plazo de 30 días.

“No estamos de acuerdo en que se nos hayan observado esos recursos, ahí están las obras, los recursos fueron ejercidos legalmente y los obas están ahí, no existe ningún asunto de una obra que no se ejecutó, inexistente, no, no, no, no, son procedimientos por los cuales se hicieron las observaciones, puedo asegurar que vamos a subsanar todo absolutamente, el gasto se hizo, se pagó, no estamos hablando de que hay obra inexistente o que haya cosas irregularidades”, defendió el mandatario.