En medio del enfrentamiento entre el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta y el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales e Inspectora aprobaron crear una comisión especial que vigile y pueda destituir al auditor desde el Congreso del estado.

Este jueves las y los diputados de ambas comisiones avalaron por unanimidad las reformas para la creación de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación, la cual fungirá como un área técnica que revise rigurosamente el ejercicio de la ASE y tendrá la atribución de remover al titular si comete faltas graves.

“Que esta reforma es para dotar al Congreso de herramientas técnicas para evaluar rigurosamente a la ASE y ha resultado —a nivel federal— muy útil para apoyar a las comisiones que se dedican a revisar el desempeño de los entes fiscalizadores”, refirió Olga Lucía Romero Garci Crespo, presidenta de la comisión inspectora.

El paquete de iniciativas para modificar distintas leyes fue presentado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del poder Legislativo, que es integrada por las y los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Con esto se reformarán: la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla; la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla; la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.

Estas son las leyes secundarias de las reformas constitucionales que envió Barbosa Huerta en noviembre de 2021 y que fueron aprobadas en “fast track” por el Congreso del estado, pero que hasta ahora no se han promulgado en el Periódico Oficial del Estado (POE) porque todavía no son avaladas por la mitad más uno de los 217 ayuntamientos.

Con dichas reformas hubo cambios en los requisitos para aspirar a la titularidad de la ASE y en las atribuciones del Congreso para la destitución de quien la encabeza.

En este contexto el 2 de febrero Romero Serrano vislumbró el ocaso de su gestión al denunciar que el gobierno de Barbosa Huerta giró instrucciones a ayuntamientos, universidades y secretarías para que, de manera coordinada y con la misma justificación, negaran a la ASE la información sobre el uso de recursos públicos.