Históricamente, la participación económica de las mujeres se ha dado bajo condiciones de explotación, precariedad, disparidad salarial, inseguridad y violencia. El contexto derivado de la COVID-19 ha evidenciado múltiples manifestaciones de desigualdad de género que van desde la caída de la participación laboral hasta el aumento de la violencia doméstica.

Ante este panorama, el Observatorio de Salarios de la IBERO Puebla presentó el Segundo informe breve sobre desigualdad de género, texto que rastrea el agravamiento de las condiciones económicas y sociales de las mujeres en el contexto de crisis sanitaria.

En rueda de prensa, la Dra. Nadia Castillo Romero, directora del Departamento de Ciencias Sociales, destacó el documento como una propuesta que ilustra el quehacer de las academias de la Universidad Jesuita. “[El informe] nos ayuda a observar la realidad y poner el piso para nuevas recomendaciones”.

Trabajan más, ganan menos

Las mujeres ocupadas trabajan más horas. Como expuso el Dr. Miguel Calderón Chelius, coordinador del Observatorio de Salarios, el 62.6% de las mujeres laboran 35 o más horas frente al 32.4 % de los hombres. De hecho, el 18.7% de las mujeres trabajan más de 48 horas a la semana frente a sólo el 0.8% de los hombres. Esto sin considerar el tiempo del trabajo doméstico y de cuidados.

De acuerdo con un apunte de la Mtra. Mar Estrada Jiménez, coordinadora de la Licenciatura en Economía y Finanzas, la brecha salarial de género ronda el 14%. Y si bien toda la población ocupada ha visto una reducción en sus quincenas, son las mujeres quienes lo resienten más: 70.9% de ellas gana hasta dos salarios mínimos frente 61.5% de los hombres. Mientras que el 3.7% de los hombres gana más de cinco salarios mínimos, solo 2.3% de las mujeres lo hace.

Del año 2019 al primer trimestre del año 2021 se registró una mayor caída en la participación laboral de las mujeres (7.5%) que en la de los hombres (5.2%). Por otro lado, del 2019 al primer trimestre del 2021, a pesar de que existió una mayor recuperación en las mujeres de un 4.2% frente a un 3.7%, la brecha de género en ocupación se amplió en 0.3%.

A ello se suma la histórica división sexual del trabajo que ha delegado los trabajos de cuidado a las mujeres. Antes de la COVID ya se registraba que el cuidado —sin paga— a personas con alguna enfermedad recaían en ellas en seis de cada diez casos. Esta tendencia ha aumentado durante la crisis sanitaria con la cuarentena de niños y adultos mayores.

Violencia estructural

Para la estudiante Lízbeth Díaz Cruz, la lucha de las mujeres por ejercer su derecho a ejercer trabajos dignos ha encontrado resistencias violentas por parte de la sociedad, pero también del Estado.  Desde 1990 hasta 2020, ha existido un mayor crecimiento porcentual en los homicidios de mujeres (160%) respecto al asesinato de hombres (150%).

Esta tendencia encontró un punto pivote en el nuevo milenio. Durante el sexenio de Vicente Fox, mientras que los homicidios de varones disminuyeron un 3.2%, los asesinatos de mujeres tuvieron un repunte del 1.1%. En el primer año efectivo de López Obrador (2019-2020) se registró una reducción del 0.6% de los homicidios de hombres, pero los homicidios de mujeres aumentaron un 1.6%.

Para el equipo investigador, la incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral no ha sido la expresión de un proceso de liberación, sino del aumento de la explotación. Ellas —que trabajan más, ganan menos y laboran primordialmente en la informalidad— ocupan posiciones laborales en la parte baja de la escala salarial y realizan tareas de cuidado sin remuneración.

En el apartado de conclusiones se enfatiza el incremento en la violencia de género detectable en diferentes indicadores, como es el caso del máximo histórico de llamadas de emergencia en 2021. Además, el Observatorio de Salarios reclama que existen subregistros en materia de feminicidios que impiden la articulación de mejores condiciones de vida para todas las personas.

“Se exhorta a gobiernos federales, estatales y municipales a seguir contribuyendo en la elaboración de políticas públicas y proyectos sociales que pongan como centro el bienestar, la equidad y el respeto a los derechos humanos de las mujeres y de toda la población mexicana”, reza el informe.