Las mil patrullas que por dos años rentó el gobierno de Puebla y ahora va a comprar, las entregará usadas a los municipios que “más lo necesiten”, pero ni siquiera serán propiedad de los ayuntamientos, sino que la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta se las prestará mediante un comodato.

Así lo reveló este viernes el mandatario morenista, al confirmar que en abril terminará de pagarse la renta de las mil patrullas e inmediatamente después se comprarían para proceder con el comodato.

En su conferencia de prensa matutina anticipó que para esta operación se requieren “muchos millones de pesos” que no están presupuestados, así que se tendrán que buscar vías de financiamiento.

Barbosa Huerta adelantó que la compra de patrullas se concretaría a mediados de este año gracias a “economías” del estado, pues sostuvo que no se pretende incrementar la deuda del gobierno estatal.

Las mil patrullas usadas que comprará el gobierno estatal serán entregadas en comodato a los municipios que más lo necesiten y no tengan recursos suficientes, informó el gobernador @MBarbosaMX. pic.twitter.com/wYfHx8dILF

— Periódico e-consulta (@e_consulta) January 28, 2022

La compra se dio a conocer el jueves por la Secretaría de Planeación y Finanzas (SFP), María Teresa Castro Corro, quien al comparecer ante el Congreso del estado anunció que para concretar la compra está por modificarse el contrato de arrendamiento que comenzó en 2019 con la empresa Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V. por un monto de 1 mil 387 millones 413 mil 360 pesos.

Patrullas usadas a precio de nuevas

Los “muchos millones de pesos” para la compra de las patrullas usadas ya los había anticipado Barbosa Huerta el 20 de diciembre de 2021, cuando declaró que cada vehículo rentado tenía un valor de un millón de pesos. Considerando este monto, se pagarían mil millones de pesos, lo mismo que costó rentarlas por dos años y tres meses.

Ese día el mandatario argumentó que el alto costo es porque las unidades son equipadas con “alta tecnología”, e incluso alardeó que “no cualquiera” puede manejarlas, sino que se requiere capacitación.

“Cada patrulla cuesta casi un millón de pesos, porque vienen equipadas con alta tecnología; no es una camioneta pintada, balizada como le dicen… una patrulla de esas no la puede manejar cualquiera, se tiene que capacitar; tiene cámaras, tiene radares, tiene muchas cosas de alta tecnología”, manifestó.

Al contrastar las características de los vehículos y que son modelo 2019 o 2020, con los costos de otras licitaciones, el precio por patrulla en 2019 era en promedio de 674 mil 119 pesos a 879 mil 125 pesos, dependiendo de su equipamiento.

Desde el inicio del arrendamiento las patrullas han sido objeto de escándalo, pues en diversas ocasiones se comprobó que los vehículos estaban estacionados sin utilizarse y con ello se cuestionó el gasto.

Medios locales como e-consulta y El Sol de Puebla, y nacionales como Televisa, han ventilado que, mientras la renta de cada patrulla cuesta al día 1 mil 712 pesos, las unidades se encontraban sin utilizarse en diferentes inmuebles de la SSP.

Quienes ganan con Lumo Financiera del Centro

Los socios de Lumo Financiera del Centro son Luis Humberto Montaño García, Juan Manuel Sánchez Reyes, Ricardo Navarrete Longoria y Martín Daniel Arriaga Arias, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa publicada en el Registro Público del Comercio (RPC).

La empresa fue registrada en 2011 con una capital de 6 millones 150 mil pesos en Tlalnepantla, Estado de México.

Luis Humberto Montaño García fue diputado suplente de Reyes Antonio Silva Beltrán, quien estuvo en la LVIII Legislatura federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Entre los propósitos registrados de la empresa se encuentra la realización habitual y profesional del otorgamiento de crédito, así como la celebración de operaciones de arrendamiento financiero o factoraje financiero.

Contratos por más de 32 millones de pesos

Lumo Financiera del Centro ha obtenido contratos con diferentes autoridades que usaron recursos federales por un monto de 32 millones 264 mil 650 pesos, entre 2014 y 2018, según el portal QuiénEsQuién.Wiki.

De los siete contratos otorgados a la compañía, destaca que seis los entregaron a través de adjudicaciones directas y del restante no hay certeza sobre el tipo de proceso.

Entre las autoridades que contrataron a la compañía destacan: el gobierno de Tabasco; el ayuntamiento de Mexicali, Baja California; la Administración Portuaria Integral Progreso y la Secretaría de la Función Pública federal.