La Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadrsot); la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT); así como los organismos públicos descentralizados (OPD) Carreteras de Cuota y Museos de Puebla, concentraron la mayoría de inconsistencias detectadas en auditorías practicadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Sus titulares aún están en proceso de solventación de las aparentes anomalías antes iniciarse procesos administrativos, explicó la secretaría de la Función Pública, Amanda Gómez Nava, al comparecer este martes en el Congreso del estado como parte de la glosa por el informe de labores del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

El 99% de funcionarios declara bienes

La titular de la SFP aseguró además que el 99 por ciento de las y los trabajadores presentaron su declaración patrimonial y, quienes no lo hicieron serán objeto de sanciones.

Reveló que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) es la que más reportes negativos acumuló por falta de declaraciones patrimoniales, al acumular 113 casos, seguida de la Secretaría de Gobernación, con 60; la Secretaría de Planeación y Finanzas, con 40; la Secretaría de Infraestructura, con 24, y la Consejería Jurídica, con 19 casos, de un universo general de 113 mil servidores públicos.

Quebranto por 249 millones de pesos

Gómez Nava refirió que integró expedientes que fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por presuntas responsabilidades administrativas que implican un monto de 249 millones 920 mil pesos. Algunos de los señalamientos son desvío de recursos, abuso de funciones, encubrimiento y peculado.

La secretaria añadió que se interpusieron 24 denuncias ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción contra funcionarios de nueve dependencias de gobierno, por hechos que ocurrieron entre 2016 y 2020.

La Secretaría de Salud (SSA), la Secretaría de Cultura, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Educación destacaron por abarcar la mayoría de los funcionarios acusados.

La funcionaria estatal dijo que no podía dar más detalles de las personas involucradas, ya que continúan las investigaciones.

A la par, comunicó que en 2021 se recibieron mil 272 denuncias por faltas administrativas que derivaron en 555 expedientes de 717 hechos.

Además, se iniciaron 317 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales 249 corresponden a faltas no graves y 67 a graves. Del total, 231 están en proceso; 59 ya fueron resueltos y 29 fueron remitidos al TJA.