La Fiscalía General de la República (FGR) dio por concluida la investigación por presuntas irregularidades y actos de corrupción sobre el acuerdo que logró el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para obtener una sentencia de nueve años de prisión.

La denuncia fue presentada hace más de tres años por la organización Tojil, que señaló que los fiscales modificaron el delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa, el cual tiene una pena mucho menor.

Por ello pidió indagar a los fiscales del caso, tras advertir que pudieron haber cometido el delito de cohecho al haber ofrecido a Duarte el beneficio de un procedimiento abreviado sin respetar la normatividad vigente.

El cambio ocurrió en el marco de una solicitud por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que permitió a Duarte negociar con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) una condena reducida, cuando pudo haber sido sentenciado a más de 25 años.

Sin embargo, el Ministerio Público Federal determinó que no existen delitos que perseguir, por lo que decretó el no ejercicio de la acción penal.

Estefanía Medina Ruvalcaba, cofundadora y codirectora de Tojil, dijo que no pueden impugnar el “carpetazo” de la FGR, pero aún tienen esperanzas de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acepte revisar el asunto.

La abogada dejó claro que no pueden presentar algún recurso contra la decisión de la FGR, porque la calidad de víctimas que les fue reconocida en un principio por parte de un juez federal, terminó siendo revocada en otra instancia.

A mediados de 2020, un Tribunal Federal confirmó la condena de nueve años de prisión dictada al ex gobernador de Veracruz. La magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, ratificó la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2018.

Con información de Milenio.