Gobiernos estatales deben aportar 50 por ciento de los recursos que hacen falta para ampliar y mejorar diversos programas sociales, entre ellos el de las pensiones para adultos mayores y para niñas y niños con discapacidad, además de las becas para estudiantes y apoyos para escuelas públicas “como complemento a lo que nosotros no alcanzamos a atender” asegura el secretario de Bienestar, Javier May.

El gobierno federal promueve un esquema de cooperación con autoridades estatales y municipales –particularmente en las localidades con niveles más altos de violencia– para darle un mejor sustento económico a los programas sociales, expresa.

May Rodríguez destaca que a pesar de las dificultades surgidas por la pandemia de Covid-19 en 2021, la dependencia a su cargo logró continuar con la dispersión de recursos de los esquemas de desarrollo social, los cuales deberán “consolidarse” el año próximo.

Subraya entonces la importancia de que los tres niveles de gobierno participen en el financiamiento, como sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador en junio de este año durante una gira por el estado de Baja California.

“Ahorita se ha trabajado en los estados que tienen el mayor índice de violencia. Estamos haciendo un trabajo de coordinación; tuvimos a principios de mes una reunión con los secretarios de desarrollo social de todos los estados para hacer un plan de trabajo conjunto y orientar de mejor manera todos los programas”, como obras de agua, drenaje o vivienda –muchas de las cuales se hacen a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social–, apunta May.

Si los gobiernos estatales y municipales no participan en esta tarea de coordinación, estimó, los esquemas de ayuda “no se caen, pero sí vamos más despacio”.

Interrogado sobre las quejas que ha habido entre los servidores de la nación por los supuestos abusos laborales que enfrentan, May aseguró que “estamos trabajando en ese tema”.

Defiende lo alcanzado hasta el momento en Sembrando Vida –el cual calificó como “el programa de reforestación más importante que puede haber”.

Para terminar, Javier May reitera sus críticas al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) por considerar que ese organismo reproduce una metodología de medición de la pobreza “que trae desde el periodo neoliberal”, en la cual no considera las afectaciones que generó la pandemia.

Con información de La Jornada