Legisladores de diferentes partidos coincidieron en que el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, podría ser destituido en caso de que sea vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, ahora que enfrenta una orden de aprehensión y hasta tramitó un amparo.

La diputada local de Morena Olga Romero Garcí Crespo, presidenta de la Comisión Inspectora de la ASE en el Congreso local, señaló que tocará a la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) analizar la posible destitución del auditor, apenas nombrado en noviembre de 2019 para un periodo de siete años que concluye en 2026.

 “No tenemos información al respecto, es algo que no había pasado en la historia de las personas que han estado al frente de la auditoría. Es un tema que debe analizarse en el Congreso, sobre todo en la junta de gobierno”, refirió.

El coordinador de la bancada de Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Estefan Chidiac, señaló que el poder Legislativo carece de información sobre el caso, pero anticipó que si Romero Serrano es vinculado a proceso tendría que ser removido por “causa grave”, pues así lo señalan las recientes reformas aprobadas.

“Las causas graves ya estuvieron establecidas desde que se declaró y entró en vigor esta reforma; habría que valorarlo, en su caso, de ser cierto y de ser vinculado a proceso, sí podría ser una causa grave”, advirtió.

El 2 de diciembre el Congreso estableció nuevas disposiciones para destituir a la persona titular de la ASE, específicamente por contravenir los principios a los que se debe ajustar la función, o por incurrir en “faltas administrativas graves”.

Lo anterior tras la iniciativa del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para modificar los artículos 12, 57, 113 y 125 de la Constitución local, misma que fue aprobada por unanimidad.

La iniciativa de Barbosa Huerta fue interpretada como el preámbulo de la destitución de Romero Serrano, ya que también facilita los requisitos para nombrar a la persona titular de la ASE.

A su vez la diputada de partido Acción Nacional (PAN), Aurora Sierra Rodríguez, aseguró que no se tienen detalles sobre lo ocurrido, pero que en caso de que la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecute la orden de aprehensión y se acredite la violencia familiar, enfatizó que el responsable debe ser castigado con todo el peso de la ley.

“Creo que, si este tema fue cometido en contra de una mujer y un menor, sería un acierto de la fiscalía (castigarlo); si es un tema de violencia familiar, mi postura es que se castigue lo que tenga que castigar”, dijo en entrevista.

La orden de aprehensión contra Romero Serrano se debe a una denuncia donde se señala que un día de octubre ejerció agresión verbal, física y amenazas con arma de fuego en contra de su pareja y el hijo de ella, en un domicilio en el fraccionamiento La Vista Country Club.

Se sabe que las amenazas del uso de armas de fuego para evitar el acceso de la víctima al domicilio fueron escuchadas por vecinos y escoltas del auditor, por lo que incluso fue necesaria la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula.