El Ayuntamiento de Puebla tiene casi perdidos litigios por más de 260 millones de pesos, heredados por administraciones pasadas, por lo que analiza un paquete económico, incluyendo la contratación de créditos, ante la posibilidad de que jueces ordenen pagar esas cantidades o que un juez ordene el congelamiento de las cuentas del gobierno de la capital, informó el alcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez.

En entrevista para e-consulta, el primer regidor subrayó que la administración de la morenista Claudia Rivera Vivanco no dejó el “Fondo de Contingencia” que la Ley de Disciplina Financiera obliga a mantener, por lo que complica que no se puedan pagar los cientos de litigios.

“Es responsabilidad de los gobiernos que cuando tú ves venir algún problema de un pago exigible por una situación de este tipo, tienes que dejar un recurso para que la administración entrante no tenga ningún problema”, apuntó.

Rivera Pérez explicó que tan solo el gobierno anterior debe 216 millones de pesos por indemnización de un litigio de expropiación de 2004, en el cerro de Tezontepetl, y en este caso la Síndico Municipal, Guadalupe Arrubarrena García, tuvo que interponer un amparo para ganar tiempo, lo que se vuelve una situación muy “complicada”.

Rivera Pérez señaló que es responsabilidad de su gobierno revisar la situación jurídica, pues deben defender el patrimonio y los recursos de la ciudad.

El alcalde panista puntualizó que en la Ley de Egresos 2022 del municipio de Puebla está previsto el Fondo de Contingencia, pues en caso de que las autoridades los obliguen a pagar los litigios puedan tener un recurso para empezar a negociar.

“El gobierno de la ciudad ya no tiene ninguna posibilidad de hacerse a un lado. Lo que sucede es que un juez puede ordenar el congelamiento de las cuentas del gobierno de la ciudad y se vuelve un problema”, dijo.

Más de 2 mil observaciones a la administración de Rivera Vivanco

En otra información, Rivera Pérez recordó que la Comisión de Entrega-Recepción hizo más de 2 mil observaciones de probables inconsistencias e irregularidades detectadas a la administración de Rivera Vivanco, por lo que la Comisión Saliente las deberá subsanar a más tardar el 10 de enero del 2022, de lo contrario se actuará conforme a la Ley.

Asimismo, comentó que una vez que se cumpla el plazo de 30 días hábiles para solventar las presuntas inconsistencias e irregulares se emitirá un dictamen el cual se someterá al Cabildo para saber finalmente cuáles y cuántas inconsistencias fueron resueltas y dar a conocer el estado en que se recibió a la administración.

“Nosotros estamos comprometidos a transparentar absolutamente todo lo que tenga que ver con la entrega-recepción. No traigo ninguna encomienda más que hacer cumplir la ley y si hay algo que no esté resuelto, que se aclare. Hay que esperar los procesos y serán las autoridades correspondientes las que van a definir si hay alguna responsabilidad y de parte de quien”, indicó.

Recalcó que tampoco le dejaron “ni un solo peso de libre disposición” para el arranque de proyectos durante su gobierno además de heredarle un déficit de 21.6 millones de pesos y antes de solicitar un crédito bancario dependerá si el Congreso del Estado aprueba, en la Ley de Ingresos 2022, el cobro por el Derecho de Alumbrado Público (DAP), a fin de tener un balance general de las fianzas que tendría el municipio de Puebla.

El primer regidor explicó que el cobro del DAP representa para el municipio una recaudación aproximada de 450 millones de pesos para el ejercicio de sus tres años, cobro que se ejerció durante la pasada administración y que en otros municipios se han venido cobrando.

Explicó que el dinero no entrará a las arcas municipales sino que se efectuará  a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ésta descontará el monto recaudado al pago que realiza el ayuntamiento al año por el servicio de alumbrado público en calles, plazas, parques y demás lugares públicos.

Apuntó que será respetuoso de las decisiones que tomen las y los diputados del Congreso del Estado sobre el cobro del DAP, además de estar en la disposición de aclarar o solventar dudas que pudieran surgir al respecto.

 Reunión con Empresarios sobre tema del DAP

 El presidente municipal dijo que tras el encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Centro Empresarial Coparmex Puebla, tuvo la posibilidad de explicarles que el DAP “no es un impuesto”  sino una contribución que deben recaudar los ayuntamientos para mejorar los servicios públicos de la ciudad.

Expuso que en la reunión acordaron que de los 149 millones de pesos que espera recaudar de forma anual, un 5 por ciento se destinaría a la instalación de 16 mil nuevos puntos de luminarias que necesita con urgencia la ciudad.  

“Hay 112 mil puntos de luz en la ciudad, mi compromiso es que de lo que se recaude se regrese en luminarias y se traduzca en tema de seguridad”, indicó.

Rivera Pérez afirmó que estas nuevas luminarias se ubicarán en zonas comerciales, industriales y en las colonias del municipio, debido a que muchos de estos puntos de energía ya no son funcionales o son inexistentes.

Ambulantes en el Centro Histórico se va a resolver

En relación  al comercio ambulante en la capital, recalcó que durante sus dos meses de gobierno ha tratado de que se reduzca el número de comerciantes informales, logrando despejar el corredor 5 de mayo, el Zócalo de la ciudad, la Avenida Reforma y el Mercado El Parián.

Señaló que no hay un plazo límite para que las organizaciones de ambulantes entreguen sus padrones a la Secretaría de Gobernación, sin embargo, es muy importante que se cuente con un registro de cuántos y quiénes las conforman, a fin se los puedan apoyar con la bolsa de trabajo que impulsara el ayuntamiento de Puebla junto con las Cámaras Empresariales o, en su caso, ayudarlos a buscar otros espacios en donde puedan comercializar sus productos.

Rivera Pérez sostuvo que hay grupos y líderes que utilizan el comercio ambulante o el trabajo de las sexoservidoras para cometer actos ilícitos, y señaló que es necesario que la Fiscalía General del Estado (FGE), continúe investigando debido a que hay personas que abusan de otras para delinquir.

“A través de estos grupos de sexoservidoras o grupos de ambulantes hay gente que se ha metido para hacer acciones delictivas, porque en el trabajo que realizan las sexoservidoras también puede haber trata de personas y ese es un delito gravísimo. Seguimos atendiendo estos temas, trabajaremos y estamos comprometidos a resolver esta situación”, apuntó.

Rivera Pérez rechazó nuevamente la creación de una "zona de tolerancia" para las sexoservidoras del Centro Histórico y comentó que siguen buscando alternativas para que se reintegren a una vida laboral.