El gobierno de Puebla analiza ampliar a la empresa Lumo Financiera el contrato por la renta de mil patrullas para la Policía Estatal, a pesar de que varias continúan aparentemente sin utilizarse, estacionadas en espacios de particulares e incluso “ocultas” detrás de lonas.

En un nuevo recorrido e-consulta contabilizó 27 patrullas supuestamente descompuestas en inmediaciones del taller EPS Servicio Automotriz, ubicado sobre la Recta a Cholula, en Santiago Momoxpan, junta auxiliar de San Pedro Cholula. 

Si se toma en cuenta que por la renta de cada patrulla el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta paga 1 mil 712 pesos al día, las 27 que estaban en el taller representan un gasto de 46 mil 224 pesos diarios.

Los días 11, 12 y 13 de diciembre este medio acudió al lugar en diferentes horarios y los tres días estuvieron en el mismo lugar las 27 unidades.

Dentro del taller se encontraron ocho patrullas, y afuera, junto a una gasolinera de Pemex, se contabilizaron 13 patrullas paradas, entre ellas las unidades 1896, 1983, 1140, 1839, 1682, 1689, 1369 y 1716. Incluso estaba un vehículo de bomberos.

Atrás del taller se ubica un estacionamiento con portón de rejas, cubierto con lonas blancas, y ahí se encontraron otras 14 patrullas, entre ellas las unidades 1715, 1092, 1903 y 1978. 

De acuerdo con el personal de la gasolinera, los vehículos oficiales son llevados al taller para supuestamente darles mantenimiento, pero una vez que salen los dejan varios días en la gasolinera o el estacionamiento y, en ocasiones, se llevan unas patrullas para dejar otras estacionadas.

Estas patrullas se suman a las que exhibió e-consulta estacionadas la semana pasada en la Estación Central de la Policía Estatal, donde por tres días se contabilizaron hasta 35 patrullas sin moverse, afuera del lugar y en calles aledañas. 

En octubre de 2019 el gobierno estatal contrató con la empresa Lumo Financiera S.A. de C.V el arrendamiento de las mil patrullas por un periodo de 27 meses, con un costo total de 1 mil 387 millones 413 mil 360 pesos.

El contrato vence en abril de 2022, pero la semana pasada se reveló que el gobierno de Barbosa Huerta valora extenderlo por más tiempo.