Durante 12 años, a partir del fallecimiento de Socorro Romero Sánchez, se disputó su herencia valuada en 600 millones dólares y aunque la empresaria dejó un testamento, este sufrió una alteración para apoderarse de la codiciada fortuna, ahora desde el Congreso del Estado también se busca un beneficio. 

Fue el 4 de diciembre del 2009, a los 93 años de edad cuando la empresaria, propietaria de la compañía "El Calvario", dueña de la sociedad anónima "Socorro Romero Sánchez" e "Incubadora Mexicana" y de un imperio inmobiliario que incluye participación en Hoteles Solaris, falleció.

Dos días antes de la muerte de Romero Sánchez, es decir el 2 de diciembre de 2009, presuntamente la empresaria entregó un testamento abierto ante el notario Ramiro Ramírez Maclub, en el cual estipulo como heredera universal a su sobrina Estela Romero Bringas, donde dejó relegados al resto de la familia.

Desde ese momento, empezó una lucha por la fortuna de "La Señorita", como también era conocida, pues varios no estaban de acuerdo con su última voluntad.

En marzo de ese mismo año, el columnista del diario El Financiero, Darío Celis, manifestó que los sobrinos de Romero Sánchez, Miguel Ángel y Alfonso Celis Romero, hijos de Estela Romero Bringas, iniciaron acciones civiles para increpar el testamento, pues presuntamente en el acta de defunción se dio a conocer que la causa del deceso de la empresaria fue una falla orgánica múltiple de tres días, sin embargo, su médico de cabecera señaló que su tía estuvo inconsciente durante 10 días antes de su deceso, situación que no concuerda con quienes tuvieron durante ese tiempo a su disposición la tan codiciada herencia.

El columnista manifestó que el 25 de septiembre de 2020, se les emplazó a juicio de nulidad de testamento al par de sobrinos, por lo que un juez ordenó “congelar” los bienes derivados de la sucesión como medida precautoria.

Han pasado 12 años en los que parte de la familia Romero dieron de qué hablar en torno a una de las más importantes empresarias en todo el país, pues cabe resaltar que sus empresas avícolas fueron consideradas por el gremio como las principales productoras de huevo a nivel nacional.

Durante esta semana, el apoderado de la familia Romero Bringas y Celis Romero, Rodolfo Pérez Velázquez, dio a conocer que la disputa de años por la herencia de La Señorita Socorro no se está haciendo entre particulares, pues señaló que la diputada local, Olga Lucía Romero Garci - Crespo está interviniendo en el conflicto legal a través del presunto tráfico de influencias, ya que busca desconocer el testamento.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado, ello luego de que el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta fue cuestionado en una rueda de prensa sobre la pelea por la herencia de la empresaria, a lo que el mandatario contestó que ese asunto es entre particulares y el estado no puede intervenir.

Ante dichas declaraciones, el apoderado mencionó que: "es verdad como lo señaló el titular del ejecutivo del estado, que se debe tratar de un asunto entre particulares, sin embargo, no lo es, no puede serlo, pues no se trata de un simple particular quién está litigando, cuando interviene la señora Mónica Caballero Garci - Crespo, quien se hace llamar Olga Lucía Romero Garci - Crespo, diputada local por el distrito de Tehuacán y presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, que además tiene como abogados al despacho de los señores Huerta Gómez y los abogados García Luque, contratados en su momento por el señor Alfonso Fernández Santiago y María Elvira Celis Romero", expusó.

De igual manera, aseveró que los abogados García Luque, asesoraron a Alfonso Fernández Santiago, María Elvira Romero, Gloria Romero Sphor y Luis e Ignacio Soto Romero, quienes en su momento reconocieron la validez del testamento de Socorro Romero Sánchez, esto en el año 2013.

Pérez Velázquez, expresó que hoy los abogados García Luque actúan nuevamente autorizados, pero ahora por la diputada morenista, impugnando de nueva cuenta el testamento, a pesar de haber conocido del asunto previamente.

Por último, pidió a la autoridad el respeto del estado de derecho y que no se permita que alguien actúe de manera ilegal en contra de los derechos humanos del estado, incluyendo a la a presidenta de la Comisión Inspectora del Congreso del Estado de Puebla, Olga Lucía Romero Garci - Crespo, a quien señaló que conjuntamente con los abogados anteriormente generaron un conflicto de interés abusando de su poder y tráfico de influencias, algunos, incluso señaló, que actualmente trabajan en el gobierno del estado.