La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena suspendió por seis meses los derechos partidarios de Yeidckol Polevnsky Gurwitz, exsecretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.

Mediante una resolución señaló que Polevnsky ignoró un llamado a comparecer ante el CEN el 22 y 26 de mayo de 2020 por la compra millonaria de inmuebles, lo cual es una indisciplina grave a los documentos básicos de Morena.

Luego de no presentarse ni justificar su ausencia, se resolvió imponerle una suspensión de seis meses a sus derechos partidarios, por lo que no podrá ejercer un cargo directivo en el partido o registrarse en algún proceso interno.

Además, ordenó su destitución de cualquier cargo de representación o dirección que tenga en Morena, inhabilitar su registro como candidata a puestos de elección popular, interna o externa y la exhortó a cumplir con los acuerdos y resoluciones del partido.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informa la emisión de la resolución del expediente CNHJ-NAL-363/2020, promovido por este órgano jurisdiccional intrapartidario.

Para más detalles visita https://t.co/EwsMWgmvRS pic.twitter.com/MVUMsm35QA

— CNHJ MORENA (@CNHJ_Morena) December 8, 2021

No obstante, Polevnsky es diputada plurinominal por Morena, por lo que aún no se determina qué sucederá luego de la suspensión de sus derechos partidarios.

El citatorio a comparecer fue girado luego de que Alfonso Ramírez Cuéllar asumiera el cargo como nuevo dirigente de Morena. El 27 de enero de 2020 y anunciara que realizaría una auditoría de los recursos que se usaron durante la administración de Polevnsky.

En ese entonces refirió que sería un despacho externo el que se ocuparía de la revisión financiera de Morena, destacando que no se trataba de una cacería de brujas.

En junio de 2020, el CEN de Morena informó sobre una auditoría a la gestión de Polevnsky (2017-2020), para revisar la compra de 39 bienes inmuebles, así como su remodelación y mantenimiento, el cual presuntamente nunca se hizo, por unos 800 millones de pesos.

Asimismo, se denunció la existencia de firmas y contratos irregulares, además de documentos falsos que deben ser revisados para determinar su autenticidad.