La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República argumentó “riesgos para la seguridad nacional” para no dar información en torno al software de espionaje Pegasus, desarrollado por la empresa de cibervigilancia israelí NSO Group.

Pese a que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) había ordenado su difusión, la consejería se negó a facilitar informes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) clasificó como reservados por cinco años.

La Consejería Jurídica acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se considere a la UIF como una entidad de seguridad nacional, por lo que estaría en riesgo su labor si se difunden sus investigaciones.

Santiago Nieto, ex titular de la UIF, aseguró en julio pasado que en 2014, la antigua Procuraduría General de la República (PGR) contrató a la empresa Tech Bull para adquirir el software Pegasus para espionaje telefónico por 32 millones de dólares. También anunció el bloqueo de cuentas a 24 personas y empresas relacionadas con esta adquisición.

La operación se concretó con una firma de Tomás Zerón, que en aquel momento se desempeñaba como jefe de la Agencia de Investigación Criminal, señaló Nieto Castillo quien también destacó que no es el primer caso que se tiene de adquisición de malware en el país, ya que el primero se remonta a la administración de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna contrató un software.

Detalló que las dependencias que hicieron contratos con empresas vinculadas con Pegasus entre 2012 y 2018 fueron la PGR, Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno de Veracruz, Secretaría de Marina, Secretaría de Hacienda de Chiapas, Gobierno del Estado de México, Comisión Nacional del Agua y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Agregó que se entregaría toda la información a la Fiscalía General de la República (FGR) y se daría vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por posibles temas vinculados a evasión fiscal, según una información del periódico Reforma.